El dinero de la Red de Madres, para ayuda a las embarazadas, se ha esfumado mientras que dos abortorios están a punto de obtener la licencia. ¿Es esta la apuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid en defensa de la vida?
Lo más llamativo es que en paralelo, la Comunidad de Madrid se dispone a dar licencia a dos nuevos centros de abortos en la región. Se trata del Policlínico Retiro, una sociedad participada al 100% por Mohamed Rafia Dehni Passer, colegiado nº 35.072 del Colegio de Médicos de Madrid y propietario también del abortorio ‘Clínica Callao'. Otro chiringuito, porque el teléfono que aparece en el registro mercantil es el mismo que el de Callao (91 523 00 30).
La situación administrativa de la policlínica Retiro es "en trámite de autorización de funcionamiento" y ha pedido permiso para los llamados ‘abortos de bajo riesgo', es decir hasta 12 semanas, sin internamiento. Su teléfono es el 91 409 05 90. (Lope de Rueda, 45; bajo)
Por cierto, ¿cómo ha conseguido tener menos ventas que beneficios? En 2006 las ventas descendieron de los 24.300 euros de los ejercicios precedentes a sólo 2.031. Sin embargo los beneficios ascendieron a 9.617. ¿No debería la Comunidad de Madrid colaborar con la Agencia Tributaria para esclarecer este extremo?
El segundo abortorio en tramite de autorización es Anacaona, SL (Camino de Berrocal, 6; planta baja: 28200 Collado Villalba) ¿Por qué Anacaona? Es el nombre de la jefa de una tribu indígena. Y es que su dueño, José Jesús Morffiz Ferreiro, es un ‘médico' cubano afincado en España que trabaja en la sanidad pública y va a hacer ‘doblete' con su negocio particular.
La autorización previa de la Comunidad de Madrid está fechada el 22 de noviembre de 2007. Sin embargo, no cuenta todavía con todas las licencias municipales para poder comenzar la ‘actividad'. Ello no es óbice para que las obras de remodelación del local marchen a buen ritmo. Vean las fotos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11). ¿Está tratando de burlar la ley?
Y por cierto, cuidado con Morffiz Ferreiro, porque en contra de lo que es habitual en todas las SL, el capital de la sociedad que acaba de constituir no es de 3.000 euros mínimos exigidos por la ley, sino de 150.000 euros. Va en serio. Pero la ciudadanía también y ya se está iniciando un proceso de queja ciudadana que se presentará en breve ante el pleno del ayuntamiento "y donde haga falta", señala a Hispanidad la portavoz de la Plataforma villalbina por la Mujer, Ana Isabel Bueno (villalbaporlamujer@gmail.com).
Así están las cosas. La Comunidad de Madrid es acusada por las feministas de cercenar el ‘derecho' de las mujeres al aborto, pero en realidad se come el único proyecto existente para apoyar a las embarazadas en riesgo de aborto y además facilita la apertura de nuevas instalaciones. Lamentable.
