Un error, porque obliga la SEPI a proteger a Díaz Ferrán y a Pascual, causantes del desastre a pesar de todo lo que les regaló el Gobierno español
Siguiendo a los síndicos judiciales, la Argenrtina, o para ser exactos, la opositora Unión Cívica Redical (UCR) ahora muy crecida tras su victoria en el conflicto agrario, responsabiliza de la situación de Aerolíneas Argentinas (ARSA), a la SEPI, es decir, al Gobierno español. Una situación dantesca, pero jurídicamente, según fuentes argentinas, es la más lógica dado que así lo recomiendan los síndicos argentinos.
Veamos: el gobierno español, con José María Aznar al frente, regala Aerolíneas Argentinas (ARSA) a los empresarios Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán, además de 758 millones de dólares para pagar deudas y renovar la flota y reconvertir la compañía. Sin embargo, presuntamente, los dos accionistas de Marsans destinaron el dinero a otros menesteres. Al menos, por eso están imputados en un juzgado madrileño -desvío de fondos públicos, estafa procesal y delito fiscal-. Al final, surge el caos aéreo en toda Argentina y el gobierno argentino decide re-nacionalizar. El Gobierno ZP no objeta nada.
Ahora bien, en el gabinete Cristina Fernández ha surgido la duda: es difícil, y lento, conseguir que Marsans asuma sus responsabilidades, por lo que han optado por acusar a la SEPI quien, en efecto, no vigiló el uso que hacía Marsans del dinero público otorgado. No obstante, los responsables del desastre ARSA son los propietarios de la empresa hasta hace una semana. Esta idea es la que ha llevado a la UCR a entrar en la postura de que sea la SEPI quien se haga cargo del desastre. Ferrán y Pascual deben estar contentos.
