Sr. Director:
Creo que ante Educación para la Ciudadanía, los que pensamos que es una intromisión inadmisible del Estado en la vida privada de las familias y un ataque a su derecho a educar a sus hijos en sus convicciones personales, debemos ir a la par.
Admitir la objeción de conciencia de padres y alumnos (a partir de los 16 años ya pueden ser objetores) supone un problema para las Comunidades Autónomas, pues son quienes deben buscar un lugar a esos niños objetores ya que tienen en sus manos la responsabilidad educativa de los mismos; también supone para los colegios habilitar aulas, solucionar tensiones y diferencias entre el alumnado y correr el riesgo, en el caso de los concertados, de perder el apoyo económico que suponen los conciertos.
Pero también supone para los padres un paso al frente personal, un esfuerzo individual de significación, y pienso que la unión de esos esfuerzos es lo que va a hacer de la objeción de conciencia un arma eficaz. Pienso que si el objetivo de la educación está en hacer ciudadanos respetuosos ante la realidad plural que es España hoy, no se puede admitir una asignatura que ofrezca una visión unidireccional en materia moral de esa realidad, y que además no se admita el derecho legítimo de las familias para objetar frente a ella.
Por ello creo que muchos deberían reconsiderar su posición y facilitar la objeción de conciencia (admitiéndola y buscando alternativas en el caso de las Comunidades Autónomas, gestionándolas en el caso de los colegios, objetando en el caso de padres y alumnos) en pro de esa libertad responsable de la ciudadanía que todos deseamos.
Begoña Cal de Lara
begokl@hotmail.com
