- Más de 50 investigados, financiación ilegal del PP valenciano y blanqueo de dinero anexo. Esto ya es demasiado.
- Los integrantes de esta trama se servían de sus puestos de responsabilidad en las administraciones, o en empresas públicas, para presuntamente obtener comisiones del 3% a cambio de contratos fraudulentos.
- Entre los detenidos están el expresidente 'popular' de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y la exconcejala en la capital María José Alcón.
- Las pesquisas se iniciaron a partir de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Valencia por una presunta gestión irregular de la empresa pública Imelsa por parte de su entonces director gerente, Marcos Benavent.
La investigación contra una supuesta trama de corrupción que se está desarrollando en la denominada
Operación Taula se extiende a una presunta financiación ilegal del
PP valenciano y, también, al blanqueo de capitales, informó
Efe. Pero es mucho más: Taula se está convirtiendo en la puntilla para el todavía presidente en funciones, Mariano Rajoy.
La trama de corrupción estaría infiltrada en varias administraciones públicas valencianas -ayuntamientos, Diputación Provincial de Valencia y Generalitat.
Los integrantes de esta trama se servían de sus puestos de responsabilidad en las administraciones o en empresas públicas para presuntamente obtener comisiones a cambio de contratos fraudulentos. Hay imputados más de 50 miembros.
Entre los detenidos están el expresidente 'popular' de la Diputación de Valencia
Alfonso Rus y la exconcejala en la capital
María José Alcón. Figuran también doce empresarios, dos arquitectos y un exempleado del Ayuntamiento de Valencia, actual asesor del PP.
En este sentido, las fuentes señalan que la investigación podría acabar afectando a la exalcaldesa de Valencia y actual senadora territorial del PP Rita Barberá y al exvicepresidente económico y diputado 'popular'
Gerardo Camps, aunque de momento se trata solo de indicios y sospechas, advierten.
Las pesquisas se iniciaron a partir de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Valencia por una presunta gestión irregular de la empresa pública
Imelsa por parte de su entonces director gerente,
Marcos Benavent.
Sin embargo, las investigaciones apuntaron a que la trama afectaba a un ámbito mucho mayor.
El caso está en manos del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado a través de su Delegación en Valencia.
La operación la ha llevado a cabo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en calidad de Policía Judicial.
El Partido Popular de la Comunitat Valenciana anunció que demandará por la vía civil a los condenados por corrupción y les pedirá una indemnización por los "daños y perjuicios" ocasionados a la imagen de la formación.
Andrés Velázquez
andres@hispanidad.com
