La formación morada del vicepresidente Pablo Iglesias siempre ha defendido como uno de sus mantras que no podía haber viviendas vacías, si había personas sin hogar. En noviembre de 2019 incluían en su programa electoral varios puntos referentes a la vivienda. Por ejemplo que: "el derecho a la vivienda debe ser blindado en la Constitución como cuestión de Estado". Defendían además intervenir el mercado del alquiler para impedir subidas abusivas mediante el control de precios e implantar un contrato de arrendamiento indefinido, "estableciendo causas claras de rescisión justificada". Podemos consideraba también que se debía incrementar en 50.000 viviendas al año, durante toda la legislatura, el parque de vivienda en alquiler social mediante un mecanismo de cesión obligatoria de las viviendas vacías de los grandes tenedores. Y pretendían acabar también con las socimis, sociedades poseedoras de inmuebles en alquiler con ventajas fiscales, y poner coto a la "excesiva proliferación de pisos turísticos".

Pues bien, el Tribunal Supremo ha puesto hoy freno a una de esas pretensiones podemitas en materia de vivienda, al anular los impuestos municipales a viviendas vacías de los bancos que había aprobado el Ayuntamiento de Badalona. Tal como recoge el diario online especializado en información económica inmobiliaria ejeprime.com, el Alto Tribunal ha sentado jurisprudencia sobre este tipo de tributos al anularlo por segunda vez. En julio de 2019 tumbó un impuesto similar aprobado por el Ayuntamiento de Barcelona. La decisión del TS establece que ese tipo de impuestos son nulos de pleno derecho con efecto retroactivo.

Habrá que ver cómo se lo ha tomado la podemita Ada Colau, que, desde el consistorio barcelonés, amenaza a cerca de 200 propietarios de pisos con la expropiación si no los ponen en alquiler antes de un mes. El Ayuntamiento de Barcelona, tal como publica ABC,  ha mandado una carta a 14 grandes propietarios, que poseen un total de 194 pisos, advirtiéndoles de que si en un mes éstos no se han alquilado o no están en proceso de ser alquilados, después de haber estado vacíos más de dos años, se enfrentan a un proceso de expropiación.

A los dos pasos anteriores de Podemos en la batalla contra la propiedad privada también se sumó recientemente el ministro de Transportes, tal como informamos en Hispanidad. En su caso, José Luis Ábalos atentaba contra la propiedad privada insistiendo en obligar al propietario a alquilar sus viviendas. En abril, Ábalos expuso las medidas que se adoptaron desde su Departamento, entre ellas, como saben, está el hecho de que podrán obligar a que alquiles tu vivienda a quien no quieres (víctimas de violencia doméstica y desahuciados) y al precio que te impongan durante cinco años. Pero tranquilo, Ábalos ya dijo en su día que no esto no era atentar contra la propiedad privada, ¿y entonces qué es? Una muestra más de que el Gobierno maneja un lenguaje lleno de mentiras y con el significado que más les conviene en cada momento.