Las redes sociales ha estallado este jueves contra el decreto ley de medidas urgentes para desarrollar el Pacto de Estado contra la violencia de género. Falta de reflejos o reacción en cadena, lo cierto es que el BOE publicó ese Real Decreto-Ley 9/2018 el 3 de agosto -mes veraniego por excelencia-, pero no ha sido hasta hoy cuando se han disparado las alarmas. Tras una lectura atenta del texto, los expertos concluyen que se trata de un "decretazo" de Sánchez, "claramente inconstitucional" y en el que el Gobierno ha cometido un error monumetal. 

A este rechazo se ha unido también el Foro de la Familia. El director, Ignacio García-Juliá, afirma que Sánchez "criminaliza a las familias", sacando su "su lado más totalitario, al tratar de imponer, a toda velocidad, vía decretazo y a escondidas de la ciudadanía". Añade que es necesaria una lucha en contra de lo ocurrido, ya que "si todo vale porque todo es relativo, las líneas entre el bien y el mal se vuelven difusas".

Si todo vale porque todo es relativo, las líneas entre el bien y el mal se vuelven difusas

Entre las criticas recogidas por Hispanidad, destaca, por ejemplo, el hechp de que sólo se necesite un informe del ayuntamiento, así como de ciertas organizaciones o de los servicios sociales para convertir al hombre en culpable. Se vulnera así la presunción de inocencia (art. 24 de la Constitución) y se transgrede el ideal de igualdad entre hombres y mujeres, una vez queda abierta la puerta a una forma tan accesible de criminalizar a la mitad de la población.

El decreto vulnera la presunción de inocencia y trata de modificar el artículo 156 del Código Civil

Además, el principal problema que no supo ver el PSOE y que deja claro el carácter inconstitucional radica en que el decreto intenta modificar el artículo 156 del Código Civil en materia de la patria potestad; que, además, también está regulado por la normativa autonómica. Si esto se suma a lo comentado con anterioridad, el decreto ha creado una situación paradójica al regular hechos que ya recogía previamente el Código Civil, pues la justicia se encontraría con dos perspectivas diferentes con las que afrontar una misma situación. La abogada Verónica del Carpo Fiestas detalla los puntos más conflictivos del decreto junto con la explicación jurídica que viene a confirmar que, efectivamente, Sánchez se ha saltado la Constitución, tal vez, por las prisas que tenía para sacar adelante este proyecto.

Por último, cabe destacar que el texto incumple el artículo 86 según el cual “en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general”.