Tras un aumento sin precedentes de la violencia contra las comunidades religiosas y las personas pertenecientes a minorías religiosas, en 2019 la Asamblea General de la ONU proclamó el 22 de agosto como Día Internacional en Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia Basados ​​en la Religión. Según la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), a un año del anuncio la situación incluso ha empeorado. ACN advierte sobre el crecimiento del terrorismo internacional basado en la religión y de una tendencia alarmante en varios países: atacar edificios y símbolos religiosos para llamar la atención sobre otros derechos sociales o problemas de injusticia.

“Las continuas noticias sobre actos de violencia y acoso por motivos religiosos en países como Pakistán, Nigeria o India siguen causando una gran preocupación a ACN. Aunque muchas veces se mezclan motivos sociales y étnicos, no podemos cerrar los ojos a esa realidad” afirma Thomas Heine Geldern, presidente ejecutivo internacional de ACN.

Así mismo, Heine-Geldern llama especialmente la atención sobre los peligros inminentes que afectan al continente africano por la rápida expansión de grupos yihadistas y pide una mejor y más rápida respuesta por parte de las organizaciones internacionales. “¿Cómo puede ser que no haya una respuesta internacional a las células terroristas del Estado Islámico que operan en Mozambique, ignoradas durante mucho tiempo pero que el 12 de agosto tomaron incluso la ciudad de Mocimboa da Praia, en el norte del país? Reconocemos en sus métodos la misma intención de eliminar la diversidad cultural y religiosa del país, como intentaron hacer en otros países, por ejemplo, en Irak. Hay más de 200.000 personas que han tenido que huir del norte de Mozambique. ¿A qué estamos esperando?” se pregunta el presidente de ACN.

“Los efectos del terrorismo internacional con motivación religiosa son devastadores e impiden que las víctimas ejerzan sus derechos fundamentales

“Los efectos del terrorismo internacional con motivación religiosa son devastadores e impiden que las víctimas ejerzan sus derechos fundamentales. Además, afectan a su estabilidad y su seguridad durante mucho tiempo, incluso después de que el peligro inmediato parezca haber desaparecido. Sólo tenemos que mirar a los cristianos y los yazidíes en Irak, que han sufrido una persecución horrenda en los últimos años y su existencia sigue amenazada. La persecución a los cristianos iraquíes ha diezmado la población de 1,2 millones que había antes del 2003 a menos de 100.000 en la actualidad”, recuerda Heine-Geldern.

Pero no sólo se trata de la denuncia, el 22 de agosto también quiere recordar y honrar a las víctimas de la persecución religiosa que han caído en el olvido. “Este año, entre otros, recordamos al seminarista Michael Nnadi, asesinado el 1 de febrero en Nigeria; a Philippe Yarga, catequista de Pansi, en Burkina Faso, asesinado el 16 de febrero junto con otras 24 personas y a Joseph Nadeem, un cristiano pakistaní que murió el 29 de junio asesinado por un vecino por pura discriminación religiosa y social. Pero también a las víctimas que siguen con vida, especialmente a los que están secuestrados, como la hermana Gloria Narváez en Mali o la joven Leah Sharibu, en Nigeria”, recuerda Heine-Geldern.

“Por otra parte, lamentablemente observamos una nueva tendencia muy alarmante en algunos países, donde se atacan y destruyen edificios y símbolos religiosos para llamar la atención sobre otros derechos legítimos e injusticias sociales”, subraya Heine-Geldern. Como ejemplo destaca el caso de Chile, donde durante las revueltas sociales y políticas a finales de 2019 fueron atacados y quemados más de 57 templos e iglesias cristianas, así como los Estados Unidos, donde hasta el 16 de julio se habían registrado 60 asaltos a edificios católicos con motivo de las protestas contra la discriminación racial en el país. “No es justo defender la justicia social, racial o económica atacando la fe y las creencias de otros. El odio desenfrenado contra grupos religiosos genera violencia y destrucción y debería ser condenado abiertamente. Los gobiernos tienen la obligación de proteger a las víctimas y enjuiciar a quienes cometan actos de violencia”.