Rafael Mayoral viajó a Brasil con un solicitante de la ‘caja B’ de Podemos

El juez que ha abierto una causa por presuntas irregularidades en Podemos investiga si la hucha de donaciones del partido se transformó en una «presunta caja B», como dice el denunciante, a la hora de dar dinero a asociaciones. EL MUNDO ha accedido a todos los documentos aportados por Calvente a la causa. En uno de ellos se revela que uno de los solicitantes del dinero de la llamada «caja de solidaridad» se marchó en noviembre de 2019 de viaje a Brasil con Rafael Mayoral, el responsable de la gestión de esta hucha y de decidir a quiénes se financia. Se trata de Cristian Luis Navarro, persona que controla la entidad #404 Comunicación Popular.Esta asociación pidió a Podemos una donación de 50.000 euros a través de una petición formal. Sin embargo, las características del escrito y la ausencia de identificación y control de los responsables despertaron las sospechas de Calvente cuando investigaba internamente presuntas irregularidades en el partido; también en la gestión de estos fondos. Por eso, el juez ha solicitado a la Policía Judicial que «se examine la cuenta adscrita a la caja de solidaridad» de Podemos para comprobar si se llegaron a pagar los 50.000 euros a la persona física o jurídica que se encontrara detrás de #404 Comunicación Popular. (El Mundo)

Chats internos de Podemos revelan  el desprecio a leyes y normas para adjudicar las obras en la sede: «Como otras leyes que podemos incumplir». (El Mundo)

De reclamar la paridad en las instituciones públicas a carecer de ella. Según la memoria actualizada de 2019, en el partido que dirige el vicepresidente Pablo Iglesias el 53,7% de los trabajadores son hombres (129) frente al 46,2% (111) de mujeres. Un dato que lejos de ser un escenario excepcional se repite año tras año desde el nacimiento de Podemos en 2014. De los 83 trabajadores que componen el Consejo Estatal, 55 son hombres y tan solo ocupan cargo 28 mujeres. En los consejos autonómicos, de los 90 integrantes, 46 hombres. (La Razón)

Desde este análisis, el Grupo Popular acaba de lanzar una ofensiva parlamentaria en el Congreso, según ha podido saber ABC. Ésta se compone de la petición de todos los informes sobre el anteproyecto elaborados por los ministerios de Igualdad, Justicia, Presidencia, Interior, Educación, Sanidad, Política Territorial, Inclusión y la vicepresidencia de Derechos Sociales que encabeza Pablo Iglesias. Las observaciones de todos estos documentos son las que Justicia ha pedido que Igualdad incluya en la nueva redacción. Y el PP considera que todas ellas permitirán conocer al detalle las graves lagunas de las que ha adolecido la primera versión del texto que Montero pretendía convertir en ley. (ABC)

El presidente del PP mueve ficha para preparar el partido de cara a unas elecciones generales que la dirección popular sitúa en el 2021, ya que considera casi imposible que Pedro Sánchez pueda aprobar los presupuestos. Para el PP, que el Gobierno no logre aprobar unas nuevas cuentas del Estado y tenga que seguir con las del ministro Cristóbal Montoro, dos veces prorrogadas, hace insostenible la continuidad del Ejecutivo de coalición y, por tanto, de la legislatura. Y es que, a juicio del PP, el curso político se le va a poner muy negro a Pedro Sánchez. Los populares creen que será muy difícil que el Gobierno “levante cabeza”. (La Vanguardia) (El Economista)

Un informe de las agencias de inteligencia de Estados Unidos ha llegado a la conclusión de que las autoridades de la ciudad de Wuhan, la ciudad china en la que se declaró el foco de coronavirus el año pasado, ocultaron información crucial a sus superiores en Pekín por miedo a represalias, algo que acabó agravando la crisis sanitaria. Esas mismas agencias de inteligencia de EE.UU. mantienen que el régimen comunista chino también ocultó información de forma consciente, y se negó a cooperar con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con otros gobiernos aun cuando ya era patente que el virus comenzaba a causar estragos en otras partes del mundo. (ABC)

Las muertes registradas por coronavirus se duplican en las últimas 24 horas en España La pregunta es recurrente. ¿Cómo es posible que España encabece la lista de los países europeos con más contagios de coronavirus? «En el grupo pensamos que la estrategia actual basada exclusivamente en la "convivencia” con el virus es mejorable», responde un grupo de expertos formado por médicos, virólogos, economistas y catedráticos, que avisan, además de que «conduce a unas pérdidas económicas enormes». Este grupo ha elaborado un documento de consenso con una serie de medidas alternativas para tratar de optimizar la lucha contra el Covid-19. (La Razón)

Las residencias de mayores alertan de su precariedad ante una nueva ola. Los geriátricos acumulan 1.200 contagios. Los expertos defienden el cribado periódico a trabajadores que Gobierno y comunidades aprobaron solo como recomendación. (El País)

Los centros escolares privados se blindan con más normas de las que piden las comunidades. (Cinco Días)
Las compañías de terapias avanzadas logran una inyección récord de 9.000 millones. (El Economista)

Si la anterior tanda de encuentros, celebrada en julio, se saldó sin apenas avances y con Reino Unido reivindicando su soberanía política y económica, la presente no ha empezado tampoco con buen pie ante la pretensión de Londres de que los camioneros británicos mantengan un amplio acceso al mercado europeo tras el Brexit, aspiración que, a expensas de cómo transcurran las negociaciones técnicas hasta que mañana viernes vuelvan a reunirse Frost y Barnier, Bruselas ha rechazado de plano. Para el bloque comunitario, los derechos de cabotaje que reclama el Gobierno de Boris Johnson supondrían mantener un estatus para el transporte británico muy similar al que ha gozado antes del Brexit, por lo que lo considera una exigencia “esencialmente desequilibrada”, informa Financial Times, cuyas fuentes subrayan que para la UE es inasumible que Reino Unido mantenga en el futuro prácticamente el mismo acceso que tiene hoy al mercado comunitario. (Expansión)

Una parte del Gobierno pide el fin de las mutualidades mientras que la otra parte se resiste. Esa es la situación que se vive en torno al sistema de aseguramiento de los funcionarios públicos, que lleva recibiendo ataques desde que comenzó el año pero que vivió el capítulo más amargo cuando vio la luz el documento del Ministerio de Sanidad Plan de Acción para la Transformación del Sistema Nacional de Salud en la era Post-Covid 19. En el informe, dentro de las acciones a emprender para “mejorar la eficiencia económica en salud”, se marca en su primer punto que hay que “abordar, en el sentido que orienta la Ley 14/1986, General de Sanidad, la situación de las mutualidades con financiación pública directa (Muface, Mugeju e Isfas), así como la financiación indirecta mediante desgravaciones a seguros comerciales de salud”. Una frase que el sector entiende como una eliminación de facto. (El Economista)

La subida salarial del 2% comprometida por el Gobierno a comienzos del año, en las primeras semanas de legislatura, para los funcionarios ya es un espejismo en las autonomías socialistas de Extremadura y Baleares, que acaban de suspenderla sine die, y amenaza con reproducirse en otras regiones del territorio nacional tras el impacto de la pandemia, que ha secado las arcas públicas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró en la primera entrevista concedida a los medios tras el final del estado de alarma que no se tocaría el sueldo de los trabajadores públicos como vía para reducir los gastos de la Administración, y sin embargo son dos barones de su partido los primeros en meter la tijera a las nóminas de los funcionarios.  (El Economista)

El abono de los ERTE dispara hasta 20.121 millones el gasto en paro en el primer semestre, un 120% más y los perceptores están en cuatro millones. Los pagos de la Seguridad Social crecen cerca del 9%, mientras los ingresos por cuotas caen casi un 5%, lo que anticipa un déficit histórico. (ABC)

Si se cumplen los últimos planes del Ministerio de Trabajo, septiembre debería alumbrar dos cambios importantes en la normativa laboral: las regulaciones del teletrabajo y de la condición de asalariados de los trabajadores de la economía de plataformas. Para que lleguen al Consejo de Ministros en breve, es crucial que el equipo de la ministra Yolanda Díaz arranque un acuerdo a CEOE, Cepyme, CC.OO. y UGT. Fuentes del diálogo social aseguran que la negociación de la ley sobre el trabajo a distancia está muy avanzada, mientras que la normativa sobre los riders suscita de momento mucho menos consenso. (La Vanguardia)

Talgo se enfrenta a Renfe para subir en 100 millones, hasta 1.380 millones, el megacontrato del AVE. Este contrato está dividido en dos partes: el suministro de trenes, por 580 millones, y el mantenimiento durante 30 años, que es lo que se negocia, por unos 700 millones. Talgo está renegociando con Renfe las condiciones del megacontrato del AVE que ganó a finales de 2016 por un máximo de 1.281 millones, tras ofertar un descuento del 40%, y que ahora quiere incrementar en 100 millones. El acuerdo que está en revisión es el del mantenimiento de los 30 trenes Avril durante 30 años ya que, según defiende el fabricante, la adjudicación ha sufrido tantas modificaciones que ha dejado de ser una flota homogénea para convertirse en cuatro distintas, lo que limita las economías de escala y obliga a “revisar las condiciones ofertadas”. (El Economista)

El Estado recibirá este año menos dividendos de las empresas públicas porque algunas han reducido sus retribuciones a los accionistas y otras las han eliminado, como es el caso de Aena y Airbus. REE, Enagás y Loterías son las que aportarán la mayor parte de los 2.112 millones que recibirá el Estado en dividendos. (Expansión)

Endesa está intentando por activa y por pasiva que el Banco Central Europeo (BCE) acuda a sus emisiones de deuda a través de los diferentes programas de compra de activos, una solución que abarataría significativamente los costes de financiación de la eléctrica española en plena crisis del Covid-19 y en un momento en el que ha disparado la emisión de pagarés. Según apuntan fuentes financieras, la empresa que dirige José Bogas está negociando desde hace semanas con el BCE, así como con el Banco de España, para dejar de ser considerada empresa pública y que sus pagarés puedan ser adquiridos directamente a través del Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP, por sus siglas en inglés), aunque por el momento las conversaciones no han dado sus frutos. (Expansión)

Uno de los accionistas minoritarios del Grupo Eulen, uno de los llamados ‘hermanos díscolos’ de la presidenta y administradora única María José Álvarez Mezquíriz, ha solicitado cambiar el actual régimen de administrador único de la empresa por el de un consejo de administración. En un complemento de la convocatoria de la junta general de accionistas del próximo 10 de septiembre, este accionista –titular de más de un 5% del capital social– solicita, por tanto, la retirada de las máximas funciones ejecutivas de Álvarez y la creación de un consejo de administración que lleve aparejada la figura de un consejero delegado independiente con el objetivo de dotar de “profesionalización” a la compañía. Como en otras ocasiones, la asamblea se celebrará en una notaría. (Expansión)

Los inversores miran con lupa a Garanti, el banco turco propiedad al 49,85% de BBVA y, de facto, su filial en el país. La combinación de los efectos de la pandemia y una nueva crisis en Turquía podría poner en serios apuros al banco, que ya sufrió un duro varapalo ante la depreciación de la lira en agosto de 2018. Ahora, además, Garanti no llega en su mejor momento en cuanto a coberturas. Los efectos de la pandemia han reducido de forma notable su colchón de liquidez, que ha caído nada menos que 64 puntos básicos para situar su ratio de cobertura de liquidez (LCR, por sus siglas en inglés) en el 142%, frente al 206% que manejaba al cierre de 2019. Ha pasado a ser la región con mayores reservas de liquidez del grupo a la más frágil en cuestión de seis meses. (Expansión)

Nippon Steel ha dado el primer paso para una posible venta del capital de Acerinox. El segundo accionista del grupo metalúrgico español, que controla el 15,81% del capital, ha salido del consejo de administración de la compañía y ha reconfigurado su participación, que pasa de financiera a industrial. La renuncia de los consejeros del gigante japonés y segundo accionista tras Alba abre la puerta a una salida del capital. (Cinco Días)

El grupo Pepe Jeans atraviesa un periodo de transformación que abarca desde su denominación corporativa hasta su estructura financiera, pasando, como no puede ser de otra manera en un operador tradicional del sector textil, a su modelo de venta física. De sus 76 tiendas en España, 33 ya están en los grandes almacenes. El grupo acomete una optimización de su red. (Cinco Días)

Cuando se cumplen dos meses de la apertura de las fronteras españolas, las cifras relativas a la llegada de extranjeros a nuestro país no son del todo halagüeñas para el sector del turismo en particular y la economía española en general. Y es que el sector inmobiliario también está a la expectativa de saber cuándo se va a volver a recuperar los niveles previos a la crisis en las operaciones de compraventa que hasta ahora protagonizaban los compradores extranjeros. En este sentido, el portal inmobiliario pisos.com prevé que en la segunda parte de 2020 se dejen de registrar un total de 25.000 operaciones por parte de extranjeros, lo que supondría una caída del 50% respecto al año pasado. (El Economista)

El 55% de los españoles emplean los servicios de banca online, según los últimos datos de la oficina estadística europea Eurostat. Un porcentaje que previsiblemente se ha disparado con el Covid. Pero estos usuarios no están tan protegidos como los que acuden a las oficinas a realizar servicios de inversión. La CNMV ha detectado numerosos incumplimientos en las normas de conducta de la Ley del Mercado de Valores, según su último informe anual. Acusa a la banca de falta de control en la cumplimentación de los test, de carencia de información y de advertencias. Incluso detecta que algunos bancos no requieren la firma digital antes de enviar la orden. (Cinco Días)