-Jesús Gómez (diputado popular): "Denuncié al PP la cuenta suiza de González y Aguirre lo vio una traición". -Ignacio González sabía con seis meses de antelación que Moix iba a ser el fiscal Anticorrupción. -Equipo Económico fue "la bisagra" entre el Gobierno y las Cámaras. -La comisión de un millón para el PP se pactó en la Asamblea de Madrid. -El juez Zamarriego persigue a El Mundo por publicar Football Leaks. -Jueces y abogados, contra la reforma que permite dar al fiscal la instrucción de un caso. -José Manuel Maza: "La lentitud judicial es un problema del sistema, no de los jueces". -Alfonso Dastis: "El giro de Trump" en Hispanoamérica "ofrece oportunidades a España y la UE". -Jesús Vidart: "Sería catastrófico aprobar quitas a las autonomías por el FLA". -CaixaBank dispara un 50% su negocio de seguros. -Batalla legal de los 'hedge funds' para cobrar 3.000 millones de las radiales. -Fomento ultima el desbloqueo total de los proyectos del AVE. -Fomento da alas al plan privado para movilizar 100.000 millones en obras. -El Ministerio de Fomento planea sacar a concurso y en lotes las autopistas quebradas. -La CNMV pide acceder al registro de llamadas de teléfono para combatir el abuso de mercado. -El sistema eléctrico registra 500 millones de superávit en 2016. -Extender la jornada de 35 horas a todos los funcionarios costaría 1.200 millones. -La SEPI pedirá autorización al Gobierno para disolver Defex. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha expresado su respaldo a los ministros de Justicia e Interior, Rafael Catalá y Juan Ignacio Zoido, respectivamente, tras las críticas de la oposición por el caso Lezo, y ante los casos de corrupción en general ha recalcado: "Quien la hace la paga". Quien sí parece que la va a pagar es Jordi Pujol Ferrusola (hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol), para quien el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado este martes la prisión provisional incondicional, comunicada y sin fianza  porque sigue manteniendo estructuras para ocultar y blanquear dinero fuera de España y contactos con familiares y amigos para "armar coartadas". Y en ese contexto de corrupción, más madera. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, rastrea pagos a través de los cuales el PP de Madrid presuntamente se financió ilegalmente y logró más de un millón de euros para saldar las deudas que tenía con varias empresas proveedoras, tras las elecciones de mayo de 2011. El origen de estos pagos tuvo lugar desde una cuenta radicada en Liechtenstein, que realizó dos transferencias hacia otras dos cuentas ubicadas en Suiza y Panamá, respectivamente. Según el que fuera subdirector general de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM), Silvano Corujo, la empresa "infló" contratos con Indra y PricewaterhouseCoopers (PwC) para lograr algo más de un millón de euros. (El Economista) El diputado popular madrileño Jesús Gómez denunció en Génova hace tres años los datos de la cuenta suiza en la que el juez sostiene que Ignacio González cobraba comisiones. Al día siguiente recibió una llamada telefónica de su jefa, Esperanza Aguirre, en la que le abroncó airadamente por hacerlo. El ex alcalde de Leganés revela por primera vez en una entrevista con EL MUNDO cómo fue castigado dentro del partido por haber pedido que se investigara el mismo número de cuenta y el mismo ingreso de 1,4 millones de euros que ahora han provocado que González entre en prisión. «Aguirre lo consideró una traición, una puñalada trapera», señala. No obstante, considera que con aquella actuación Aguirre no quiso «encubrir» a su mano derecha, sino que simplemente lo consideraba una víctima. «No eran amantes pero estaba cegada de amor y me decía que yo veía fantasmas». La difusión a lo largo del día de ayer de una nueva batería de SMS y conversaciones intervenidas al ex presidente de Madrid Ignacio González durante la investigación de la operación Lezo puso de manifiesto la aparente relación de complicidad que mantenía con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y la capacidad de influencia que conservaba: tanta como para conocer de antemano, con seis meses de antelación a su nombramiento, que Manuel Moix sería designado fiscal jefe Anticorrupción o para arrogarse capacidad para remover a los jueces y fiscales que intervienen en los casos que le afectaban. (El Mundo) El informe encargado por las Cámaras de Comercio a Equipo Económico, por el que Anticorrupción ha presentado una querella, sirvió para negociar con el Gobierno la nueva ley de Cámaras, según confirmó a ABC Manuel Teruel, presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio que adjudicó el contrato en 2012. Teruel, que califica el trabajo como "impoluto", sostiene que "fue el borrador de ley de Cámaras para negociar con la Administración y los partidos, y confirma que presentaron el informe al Ministerio de Economía para la reforma del sector. Preguntado por si el despacho ofrecía influencia en el Gobierno, Teruel responde: "¿Con quién podemos trabajar de estas asesorías que no haya tenido un 'bisagra'?". La comisión de un millón para el PP se pactó en la Asamblea de Madrid. González y al menos dos diputados pidieron un millón el jefe de ICM en el Parlamento Regional. (El Mundo) El juez Arturo Zamarriego considera que las informaciones de EL MUNDO sobre la presunta trama de evasión fiscal destapada en Football Leaks pueden suponer un delito de revelación de secretos, castigado con prisión. El magistrado, que intentó impedir la publicación de los datos, ha citado a declarar como investigados al presidente, al director y a tres autores de las informaciones. Jueces y abogados, contra la reforma que permite dar al fiscal la instrucción de un caso. (El Economista) José Manuel Maza: "La lentitud judicial es un problema del sistema, no de los jueces". (Cinco Días) Alfonso Dastis: "El giro de Trump" en Hispanoamérica "ofrece oportunidades a España y la UE". (Expansión) Jesús Vidart: "Sería catastrófico aprobar quitas a las autonomías por el FLA". (El Economista) CaixaBank dispara su negocio de seguros a través de su filial VidaCaixa. Su volumen de primas ha crecido un 53% en el primer trimestre, hasta alcanzar 3.584 millones, con lo que consolida su liderazgo en el sector. La compañía gestiona un ahorro de 45.746 millones, una cuarta parte del seguro de vida español. Mapfre crece un 6,93%, al llegar a 1.908 millones. (Expansión) Los fondos que poseen la deuda de las radiales han contratado a Gómez-Acebo & Pombo para reclamar a los consejeros de las concesionarias que insten la liquidación de los activos y así poder cobrar 3.000 millones por la RPA. Si no lo hacen, amenazan con pedir responsabilidades personales a los administradores. (Expansión) El Ministerio de Fomento ha logrado desatascar la mayor parte de las obras de Alta Velocidad que estaban paralizadas por discrepancias económicas (modificados) o dificultades técnicas. En unos casos lo ha hecho con acuerdos con las empresas y, en otros, Adif, el gestor de la red ferroviaria, se ha visto obligado a rescindir los contratos. El Departamento que dirige Íñigo de la Serna aún trabaja en soluciones para seis obras cuyo importe total se aproxima a los 900 millones de euros y en las que están implicadas empresas como ACS, Acciona, Isolux, Ferrovial, FCC y Comsa. (El Economista) Fomento da alas al plan privado para movilizar 100.000 millones en obras. (Cinco Días) El Ministerio de Fomento planea sacar a concurso y en lotes las autopistas quebradas. (ABC) (La Razón) La CNMV pide acceder al registro de llamadas de teléfono para combatir el abuso de mercado. (Cinco Días) El sistema eléctrico registra 500 millones de superávit en 2016. (Cinco Días) Extender la jornada de 35 horas a todos los funcionarios costaría 1.200 millones. Hacienda negocia con los sindicatos la reducción del tiempo de trabajo en las administraciones, aunque reconoce que habría un problema de «sostenibilidad» El Ejecutivo abre también la puerta a una subida salarial en el sector público superior al 1% para 2018. (La Razón) La Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) solicitará al Consejo de Ministros autorización para disolver la sociedad pública Defex debido a los problemas que arrastra esta compañía para operar en el mercado por las investigaciones judiciales que está llevando a cabo la Audiencia Nacional. Según fuentes del accionariado de la empresa, la decisión deriva de las conversaciones que han mantenido durante las últimas semanas el Ministerio de Hacienda, al que pertenece la SEPI, y el de Defensa. (El País) José Ángel Gutiérrez joseangel@hispanidad.com