El Gobierno cambia la ley para consumar el asalto al Tribunal Constitucional. Suprimirá la mayoría de tres quintos en el CGPJ para obligarle a elegir magistrados. Además, se refuerza el carácter imperativo del procedimiento con una cláusula de cierre que recuerda que, en caso de incumplimiento, se incurrirá en responsabilidades «de todo orden, incluida la penal». ¿Estamos o no ante lo más parecido a una dictadura, eso sí, guardando las formas?

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