(Exclusivas de la prensa de papel 21/09/2021) El PSOE fue el partido que más atacó la libertad religiosa durante la pandemia

El PSOE de Pedro Sánchez se presentó a las elecciones en noviembre de 2019 como un partido moderado de centro izquierda, pero un año y medio después de su llegada a La Moncloa se ha convertido en la formación política que más ataca la libertad religiosa en España. Durante el año de la pandemia, el PSOE triplicó sus agresiones a este derecho fundamental de los ciudadanos, consagrado en la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así lo denuncia un informe del Observatorio de Libertad Religiosa (OLR), al que ha tenido acceso ABC y que será presentado esta semana. De los 240 ataques que se produjeron en 2020, la formación socialista fue responsable de 43 (ABC)

Las recomendaciones de la Unión Europea en materia de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) se alejan del modelo español de tipos reducidos y exenciones. El Parlamento Europeo aconseja, en su último informe, reducir la presencia de estas tasas para poder revisar el tipo general a la baja. Según los expertos de la Eurocámara, suprimir los tipos reducidos de IVA podría rebajar el tipo general medio europeo en 7 puntos, hasta situarlo en el entorno del 15%. En el caso de España, el segundo país europeo con un IVA más ineficiente por detrás de Chipre, los especialistas creen que recaudaría lo mismo con un tipo único del 10%, 11 puntos por debajo del actual, tal y como adelantó elEconomista en mayo. (El Economista)

El Gobierno incluirá en los presupuestos del año próximo una transferencia de 18.396 millones a las pensiones, unos 4.500 millones más que el año anterior. El Ministerio de la Seguridad Social, que traslada así el agujero presupuestario fuera del sistema, prevé alcanzar en 2023 una transferencia de 22.567 millones. (El País)

“Debería crearse una plataforma europea centralizada para la compra de gas natural, facilitando la creación de reservas estratégicas de gas... Lo hemos hecho con bastante éxito con las vacunas y deberíamos reproducir este modelo para otros campos estratégicos como este”. Esta es una de las medidas más potentes que España ha reclamado a la Comisión Europea para atajar el impacto que está teniendo en los consumidores europeos la escalada de los precios de la energía. (La Vanguardia)

Rusia cierra el gas de Europa en otoño y catapulta el precio un 16%. Los almacenes están llenos solo hasta el 72%, el nivel más bajo para la época en una década justo unos días antes de que se inicie el otoño. (El Economista)

La bombona de butano toma el relevo de la escalada del precio de la luz. También en crecimiento sostenido durante los útimos días, ya alcanza su tope en seis años: desde el día de hoy cuesta 16,13 euros (incluidos los 0,015 euros por kilogramo del impuesto de hidrocarburos y el 21% de IVA). Es decir, un 5% más que en la última revisión de la tarifa en el pasado mes de julio, cuando costaba 15,37 euros. (El Economista)

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha dado por finalizada la investigación sobre la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo por parte de Repsol y CaixaBank y ha propuesto juzgar a los jefes de Seguridad de las compañías, Rafael Araújo Bernabé y Miguel Ángel Fernández Rancaño, respectivamente. El instructor ignora así la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que le había pedido que no dictara el auto que da por concluido el caso hasta que el tribunal que revisa las decisiones del juez resolviera el recurso en el que Anticorrupción pide mantener como imputados a las compañías como personas jurídicas y a sus presidentes, Antonio Brufau (Repsol) e Isidro Fainé (CaixaBank). (El Mundo)

El gestor aeroportuario quiere presentar el proyecto después del 30 de septiembre, una vez aclarado el futuro inmediato del aeropuerto de El Prat. (El Periódico)

“El final de la pesadilla está a la vuelta de la esquina”, presagiaba el pasado mayo Luis Gallego, consejero delegado de IAG. El despertar no ha sido quizá tan rápido como el ejecutivo pronosticó hace casi medio año, pero el hólding propietario de Iberia y British Airways comienza a ver el futuro con más claridad después de que EEUU anunciara ayer que suavizará las restricciones para entrar en el país. La reacción de la Bolsa no dejó lugar a dudas: IAG se disparó un 10,7%, hasta los 1,938 euros, y enjugó las pérdidas anuales. British Airways (BA) multiplicó ayer por 8 las búsquedas para vacaciones en destinos como Nueva York, Miami y Los Ángeles comparado con semana pasada. (Expansión)

Nuevas oportunidades en desarrollos eólicos marinos en Escocia tienen compitiendo a lo más granado del sector energético internacional. El grupo ACS, según ha podido saber CincoDías, busca repetir éxito con su filial Cobra en la subasta de concesiones en aguas profundas que se fallará en enero. La española quiere hacer valer su tecnología flotante en un concurso, el ScotWind Leasing, al que también optan Iberdrola en alianza con Shell, la eléctrica alemana RWE, Equinor, Eni, Total, BP, Marubeni, Vattenfall, SSE Renewables, Qair Marine y Ocean Winds, entre decenas de referencias. En un momento en que prima la diversificación hacia las fuentes renovables de energía, las petroleras vuelven a ser el gran rival a batir. (Cinco Días)

IFM saca la artillería pesada en la fase final de su tortuosa opa por el 22,69% de Naturgy. La gestora australiana de fondos de pensiones ha contratado al proxy advisor Georgeson para que busque, encuentre e informe a los 73.000 accionistas de Naturgy de las condiciones de su oferta, según fuentes financieras. Sondeará además las intenciones de los inversores para acudir. La opa se dirige en la práctica a dueños del 28,7%, puesto que ni CVC y Corporación Alba (20,7%) ni GIP (20,6%) acudirán y, aunque no está escrito en ningún papel, tanto el mercado como el consejo de administración dan por hecho que ni Criteria, que ha comprado un 1,2% desde mediados marzo hasta el 26%, ni Sonatrach (4,1%) venderán en la opa. (Cinco Días)

Este martes es un día clave en esta disputa política. Hoy llega al Congreso la proposición de ley del PP «para el reforzamiento de la independencia del Poder Judicial». Se trata de la condición inexorable que ponen los populares para proceder a la renovación del Consejo: que se apruebe esta reforma para que al menos 12 de los 20 vocales los elijan los jueces entre ellos. El Pleno del Congreso debe debatir y votar la toma en consideración de la propuesta del PP. Es decir, si se tramita o no. Pues bien, el PSOE quiere votar «no» y es lo que hará, según fuentes socialistas, salvo que Pedro Sánchez improvise un volantazo drástico y completamente inesperado. En todo caso, las fuentes insisten en que la puerta está cerrada y que la postura está muy clara. (El Mundo)

Un informe del Ministerio del Interior cuestiona tres apartados de la Ley de Memoria Democrática (LMD), pendiente de su aprobación en el Congreso de los Diputados, que sustituye y amplía la norma que vio la luz en tiempos del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. En concreto, las consideraciones firmadas con fecha del 22 de octubre de 2020 por Juan Antonio Puigserver –secretario general técnico de Interior– apuntan que el Gobierno no tiene competencias para ilegalizar ninguna asociación –como es intención de Moncloa en el caso de la Fundación Franco–, porque es incumbencia exclusiva de los jueces y tribunales; que no hay una correcta delimitación de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, y que no es necesario declarar de nuevo la ilegalidad de las sentencias del franquismo, porque ya lo contemplaba la ley de Zapatero. El Gobierno manejó el documento, «muy crítico», durante el estudio del anteproyecto. (La Razón)

La vicepresidenta segunda del Gobierno sabe que su gira para recabar apoyos está llena de minas muy difíciles de desactivar, por la sencilla razón de que la mayoría de ellas las pusieron allí los suyos. Puede que seduzca a Mònica Oltra, pero no al flanco mayoritario de Compromís, el de Joan Baldoví. Puede que mantenga en su órbita a los comunes de Ada Colau, pero no a Íñigo Errejón. Más País ha iniciado el despegue en las encuestas tras el buen resultado de Mónica García en la Comunidad de Madrid –donde ya ejerce de líder de la oposición a Isabel Díaz Ayuso– y tras coger la rueda de Annalena Baerbock, que dará en las elecciones alemanas del domingo un previsible puñetazo verde en la mesa. (El Mundo)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a permitir que desde el Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa se vuelva a atacar a España, en concreto a los agentes de la Guardia Civil. Ocurrió hace unos días, cuando el parlamentario socialista ucraniano Oleksandr Merezhko presentó un informe titulado ‘Luchar y prevenir el uso excesivo e injustificado de la fuerza por parte de los agentes del orden’, que redactó en octubre de 2020 y que comienza a tener recorrido ahora en Estrasburgo. Un informe recupera las acusaciones contra la Guardia Civil por el caso Tarajal, sin advertir que se archivó. (ABC)

El Ministerio Público lamenta la "imparcialidad" de la Generalitat al aplicar el 100.2 penitenciario con el segundo grado poco después de la sentencia del Supremo. (El Mundo)

Moncloa busca partir el Govern y ofrece al PSC como aliado. Los socialistas catalanes se abren a apoyar los Presupuestos a ERC, si le fallan sus socios independentistas. (La Razón)

Las dos regularizaciones fiscales realizadas por el rey emérito podrían no servir para librarle del banquillo. Así lo cree el presidente de la Asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, quien sostiene que las tres notificaciones que hizo la Fiscalía al abogado de Juan Carlos I, de las que ayer informó EL PAÍS, fueron suficientes para que las posteriores regularizaciones tributarias no pudieran ya exonerarle de un presunto delito fiscal. (El País)

La dirección del PP ha dejado de confirmar a Albert Rivera entre los ponentes de la Convención Nacional de Valencia. La relación del líder de Ciudadanos (Cs) con el equipo de Pablo Casado es estrecha y Génova hasta ha llegado a fichar al bufete de Rivera para que le llevara los recursos de inconstitucionalidad contra leyes del Gobierno. Pero de la ultima agenda de la Convención se ha caído el nombre de Rivera, uno de los invitados que generaba más expectación por lo que simbolizaba su asistencia al cónclave del PP y su ausencia en el que también ha preparado la dirección naranja. (La Razón)