(Exclusivas de la prensa de papel 07/06/2021) Bruselas emitirá este mes por primera vez deuda conjunta para financiar ayudas y despliega herramientas comunes contra el fraude

La Unión Europea entra en una nueva era fiscal. Bruselas espera realizar este mes la primera emisión de deuda conjunta de su historia para financiar el fondo de recuperación. Además, ha puesto en marcha la fiscalía europea para perseguir los delitos contra los intereses financieros del club. Y una nueva directiva obligará a las grandes empresas a detallar su factura fiscal país por país para evitar los coladeros. Junio de 2021 marcará así un punto de inflexión para la historia presupuestaria e impositiva entre los socios europeos con este renovado arsenal fiscal que llega a rebufo de la puesta en marcha del fondo de recuperación y del impulso de EE UU y del G-7 a favor de un impuesto mínimo global de sociedades. (El País)

La Comisión Europea ha publicado esta semana un informe sobre el test de estrés al que se ha sometido a, entre otros, la deuda pública española y su conclusión es de «alto riesgo para su sostenibilidad a medio plazo». Su previsión es que si surgen nuevos reveses tras la pandemia, «es probable que la deuda pública española será en 2025 más alta que en 2020». Se basa en un informe anterior de Bruselas sobre la vigilancia de la deuda europea que prevé que España necesitará durante un largo período emitir deuda bruta equivalente al 25% de su PIB. Sólo hasta 2023, unos 280.000 millones anuales. Es decir, que para que Sánchez pueda agotar la legislatura deberá convencer y colocar sin subir la prima de riesgo, unos 850.000 millones desde este año hasta completar 2023. Un récord y ojo que en la subasta del jueves, los inversores pidieron ya por las obligaciones a 20 años –a tan largo plazo no compra el BCE– el doble que en enero, un 1,1% de interés. (El Mundo)

El Gobierno se plantea prorrogar más allá del 30 de junio las restricciones impuestas a las inversiones de otros países de la Unión Europea (UE) en empresas estratégicas en España y mantener como hasta ahora las que ya rigen para inversores de fuera de la UE, a la espera de elaborar un reglamento definitivo y completo. La limitación a los inversores de la UE se acordó de forma temporal en noviembre del pasado año. En teoría iba a durar hasta el 30 de junio de este año. Con ella, se terminaba de armar el blindaje de las empresas estratégicas en España para evitar que, aprovechando la caída de valoraciones por la crisis del Covid, algunas cayeran en manos de inversores oportunistas o cazagangas. Fue sin duda el blindaje más polémico de los que el Gobierno había ido estableciendo a lo largo de 2020. (Expansión)

Las Spac rehúyen fusiones en España por la Ley de asistencia financiera. (Expansión)

La CNMV investigará el impacto de la tasa Tobin en la Bolsa española. (Cinco Días)

Las empresas públicas se han convertido en una preciada moneda de cambio con la que recompensar lealtades políticas. Más allá de su deseo legítimo de tener ojos y oídos en sociedades participadas por el Estado en las que hay dinero de todos, el inquilino de turno de La Moncloa designa en muchas ocasiones presidentes y consejeros delegados teniendo más en cuenta las adhesiones políticas mostradas por el candidato hacia el Gobierno que su capacitación y experiencia profesional en el sector en que se desenvuelve la compañía. Pedro Sánchez tampoco se ha resistido a esta dinámica. El último ejemplo de baile se dio el pasado viernes, con el nombramiento de Alejandro Colldefors como nuevo presidente del Consorcio Español Alta Velocidad Meca Medina, que construyó y explota el conocido como AVE a La Meca. Colldefors, que procede la concesionaria Abertis, formó parte de las listas de los socialistas a las elecciones europeas de 2014 y 2019. (La Razón)

El comienzo del próximo otoño tiene una fecha marcada en rojo en el calendario laboral: el 30 de septiembre. Ese día terminará el actual esquema de protección de empresas y centenares de miles trabajadores acogidos a ERTE. También será el último día para que empresas y trabajadores que negocien ajustes de plantilla que incluyan jubilaciones anticipadas que se proyecten más allá del 1 de enero de 2022 lleguen a un acuerdo si quieren evitar las nuevas penalizaciones a esta modalidad que incluirá la próxima Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, la reforma que discute estos días el Gobierno con los agentes sociales. Muy probablemente, la consecuencia será un efecto llamada a los pactos sociales entre empresas y trabajadores para evitar los efectos de la reforma en los próximos años. (El Mundo)

Alarma en la gran empresa: «Los Perte son como la fórmula de la Coca Cola». A menos de dos meses de que lleguen más de 9.000 millones no está definida la estructura legal de los proyectos. La inseguridad jurídica crece en un proceso politizado para el que se reclama la entrada de profesionales. (ABC)

Los propietarios deben pagar en la Renta por los meses de estado de alarma pese a que no pudieran utilizarlas. (ABC)

Los alquileres residenciales se reconvierten en pisos turísticos. Las restricciones de movilidad impuestas para contener el virus impactó de lleno en la oferta de pisos turísticos. Desde que comenzó la pandemia hasta un 20% de la oferta se ha ido a alquiler residencial, pero la recuperación empieza a provocar ahora un movimiento inverso. (El Economista)

Los desplazados tendrán deducción fiscal aunque estén teletrabajando. Los beneficios fiscales sobre el IRPF previstos por movilidad geográfica para aquellos parados que acepten un empleo en otro municipio al que deban mudarse serán aplicables a aquellos trabajadores en dicha situación que finalmente hayan desempeñado su nueva labor teletrabajando desde su domicilio original debido a la pandemia. Así lo ha dictaminado la Dirección General de Tributos, dependiente de la Secretaría de Estado de Hacienda, en resolución a varias consultas presentadas por contribuyentes en esta coyuntura. (Cinco Días)

La puesta en marcha del conocido como fondo público de pensiones, destinado a impulsar el ahorro privado a través de los planes de empresa, no llegará antes del cierre de 2022, e incluso se podría retrasar su funcionamiento pleno algunos meses sobre esta fecha si el Ejecutivo no logra culminar la negociación con los agentes sociales y cerrar las licitaciones para la gestión de los depósitos a las empresas del sector privado en el plazo previsto. Por el momento, el compromiso del Gobierno pasa por aprobar antes de finales de este año 2021 la ley que enarbole el funcionamiento de este vehículo de ahorro que tendrá la titularidad pública pero cuya gestión correrá a cargo de las empresas aseguradores y gestoras del sector privado. Técnicos de la Seguridad Social y de Economía ya trabajan en las condiciones. (El Economista)

La mitad de los altos cargos que constituyeron el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas no registraron en sus agendas oficiales la asistencia a estos cónclaves. La norma que regula el reparto de estas ayudas, dotadas con 10.000 millones de euros, dice que para que las juntas sean válidas debe concurrir, al menos, el 50 por ciento de los vocales. (ABC)

El túnel del Cereixal, situado en la provincia de Lugo, puede considerarse la infraestructura viaria más inteligente y conectada de Europa. Así lo consideran los responsables de un proyecto de monitorización que promete replicarse en otros entornos similares con el objetivo de mejorar la asistencia a la conducción y, por tanto, incrementar la seguridad al volante. (El Economista)

Resistente a la profunda crisis que ha zarandeado al sector aéreo y con planes de crecimiento a corto plazo. Así se muestra Volotea, cuyo anhelo es entrar entre las cinco mayores aerolíneas con presencia en España. Uno de sus fundadores y consejero delegado, Carlos Muñoz, es optimista respecto a la segunda mitad del ejercicio y empieza a descongelar un viejo objetivo: la salida a Bolsa. “Estábamos preparados en 2016 y lo estaremos de nuevo entre dos y cinco años”. (Cinco Días)

Trafigura y Sidenor han mostrado interés en hacerse cargo de la planta de aluminio de Alcoa en San Ciprián (Lugo), que Sanjeev Gupta buscaba sumar a su Alianza GFG; según fuentes cercanas a la operación. Alcoa está intentando vender la fundición de aluminio en Galicia desde el año pasado. (El Economista)

La crisis sanitaria ha obligado a muchas empresas cotizadas a reducir o cancelar los dividendos, un hecho que ha tenido una repercusión significativa en los ingresos que obtiene la banca por su cartera de renta variable. De acuerdo con los últimos datos publicados por el Banco de España, los rendimientos obtenidos por el sector en 2020 por la participación en compañías que están en el mercado totalizaron 9.798 millones, es decir, un 30% menos o 4.275 millones menos que en 2019. En estos momentos, además, los bonos públicos apenas ofrece retornos y los márgenes operativos por los créditos y depósitos son un lastre por el euribor en negativo. (El Economista)

Entre los muchos cargos que los usuarios pagan en la factura de la luz está la deuda que el Estado comprometió con las eléctricas hace más de 10 años. Entre los múltiples y variados componentes de la factura de la luz destaca la deuda eléctrica, contraída por el Estado con las compañías que cada año amortizan los usuarios a través de la factura. Pero todavía queda por pagar 14.294 millones de euros, un 13,9% menos que en 2019. Por tanto, de media, a cada usuario de los 29 millones de clientes que hay en España le corresponde pagar casi 500 euros (aunque la cantidad real que paga cada usuario depende de varios factores) de aquí al año 2028, cuando se salde la deuda, según las estimaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). (El Periódico)

Andy Brown: “Galp hará su mayor inversión hasta ahora en España por las renovables”. El mercado español de renovables es “muy atractivo”, está lleno de “oportunidades” y Galp “va a seguir mirándolas”. Así de claro es Andy Brown, que acaba de cumplir cuatro meses como primer ejecutivo de Galp, la mayor petrolera de Portugal. (Expansión)

François-Louis Michaud (EBA): “Los bancos deben pagar por el talento sin comprometer costes”. El ejecutivo francés cree que Europa ha avanzado en la armonización de sus normas bancarias y que los bancos no deberían ser tímidos a la hora de plantear fusiones transfronterizas. Aunque considera que los test de estrés son una herramienta muy útil, la autoridad propondrá cambios en los próximos exámenes al sector bancario de la UE. (Expansión)

Eloi Planes: “La salida de Rhône Capital de Fluidra nos dará más liquidez”. (Cinco Días)

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana —conocida como ley mordaza— que negocian los grupos parlamentarios que en 2018 garantizaron la investidura de Pedro Sánchez avanza en aspectos como la eliminación de las sanciones en manifestaciones espontáneas y pacíficas en lugares de tránsito público. Tampoco se podrá castigar la difusión de fotografías o grabaciones de policías en concentraciones si se hace con carácter informativo. En cambio, no hay acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos en lo referente al rechazo a inmigrantes indocumentados en frontera sin asistencia jurídica. El Ministerio del Interior quiere que las llamadas devoluciones en caliente se mantengan en la futura norma con las condiciones que fijó el Tribunal Constitucional. Así, el rechazo a inmigrantes indocumentados podría llevarse a cabo salvo cuando se trate de personas vulnerables, como menores de edad, embarazadas o incapacitados. El negociador de Unidas Podemos, Enrique Santiago, quiere que la ley contemple que “la dignidad de la persona y los derechos humanos sean la guía de la intervención policial”. (El País)

Ser periodista parlamentario es hoy tan complicado como el pasado septiembre. Entonces la segunda ola amenazaba con volver a desbordar el sistema sanitario español y ahora se produce una desescalada consecuencia del final del estado de alarma, la mejora en los datos epidemiológicos y el avance de la vacunación.Pero la Cámara Baja es por el momento ajena a la mejora de la situación en el resto del país y mantiene en vigor las medidas de control de aforo que se imponen en la Comunidad de Madrid en ámbitos como el ocio o la hostelería. El problema es que esa limitación supone para los periodistas un límite evidente al acceso a las fuentes y, por tanto, al derecho a la información. (ABC)

La edición de este mes del Panel de Sigma Dos para EL MUNDO ha preguntado a los españoles por su opinión por los indultos, aparentemente decididos por el Gobierno y de concesión inminente. El 61% responde que no está de acuerdo y apenas el 29,5% dice que está a favor. Los datos no están divididos por comunidades autónomas y en esos porcentajes generales se incluyen las respuestas en Cataluña, donde el respaldo a los indultos es mayor que en el resto de España. El porcentaje general de rechazo sin contar Cataluña es con toda probabilidad mayor. (El Mundo)

Un 53% de los encuestados sostiene que la respuesta de España ante Marriecos no fue firme frente a un 34% que cree que sí. Ideológicamente, hay un claro suspenso desde la derecha y el centroderecha (el 86% de los votantes de Vox, el 75% del PP y el 69% de Ciudadanos) y un aprobado desde la izquierda (57% del PSOE y 47% de Unidas Podemos). Sin embargo, un tercio de los votantes del PSOE (33%) y de UP (34%) cree que el Gobierno no actuó con contundencia. Es abrumadora la mayoría de quienes están convencidos de que aquella entrada masiva fue un ejercicio de presión de Marruecos hacia España: el 80%. Y da igual la ideología: lo piensan ocho de cada 10 votantes del PSOE, UP, Cs, PP y Vox. (El Mundo)

La mayoría desliga a Casado y culpa a Rajoy de la «Kitchen». El ex presidente conocía el caso para un 43%, según un sondeo de NC Report División sobre si la corrupción puede lastrar el ascenso de los populares. (La Razón)

Suspenso al Gobierno Sánchez. De los 22 miembros del Gabinete, solo Robles aprueba, y Calviño se queda a una décima. (La Razón)

La defensa del activista saharaui Fadel Breica –que se querelló contra Ghali por torturas, detención ilegal y un delito de lesa humanidad– ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que cite a declarar a dos testigos de las torturas que, según asegurá, se le infligieron por parte del Frente Polisario en 2019 en los campamentos de Tinduf (Argelia), de las que responsabiliza a Ghali. Según confirman fuentes jurídicas, en el escrito remitido al instructor el querellante solicita además comparecer en la Audiencia Nacional para prestar testimonio de lo sucedido. (La Razón)

Las nuevas agendas intervenidas al comisario José Manuel Villarejo reflejan reuniones de altos mandos policiales con el empresario Sabiniano Gómez, suegro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El material confiscado por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía el pasado mes de octubre contiene anotaciones en las que alude a la celebración de comidas entre Gómez, cuya familia ha explotado históricamente varias saunas sexuales en el centro de Madrid, y destacados comisarios. En las anotaciones de las agendas, Villarejo señala que Sabiniano es hermano de los propietarios de «varias saunas sexuales». (El Mundo)

Teresa Peramato, fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer, llega al cargo en medio de un goteo incesante de asesinatos machistas. Pide a las víctimas que denuncien y a sus familiares que se impliquen. La asistencia a las víctimas, dice, debe mantenerse tras las condenas, “hasta que estén completamente empoderadas para no recaer en el ámbito del agresor”. (El País)