(Exclusivas de la prensa de papel 06/11/20202) Hacienda prepara una norma para que la Inspección entre en los domicilios sin avisar

El director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Jesús Gascón, en el transcurso de su intervención ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, anunció ayer que el Ministerio de Hacienda prepara una normativa que permita de nuevo entrar a la Inspección en los domicilios de las personas físicas y de las empresas, sin necesidad de avisar al contribuyente. Gascón afirmó que “hay aspectos en los que se produce un choque de derechos, que son difíciles de resolver”. Así, explicó que ese derecho protegido constitucionalmente hay que conciliarlo con el hecho de que un investigador, con autorización judicial, pueda acceder a esos locales sin previo aviso. (El Economista)

Por primera vez, el Consejo de Ministros y la Comisión Europea han acordado vincular la concesión de los fondos por la Covid-19 a valores como la independencia judicial, el respeto a los derechos fundamentales o la igualdad legal. Lo cierto es que la Eurocámara ha logrado ir algo más allá de lo que pretendían los países, y se vinculan los fondos al cumplimiento de valores como la independencia judicial, con la posibilidad de suspenderlos cuando su violación afecte la buena gestión de los fondos o a la protección de los intereses financieros de la Unión Europea. (La Vanguardia)

Fuentes del Ejecutivo trasladan que la baza negociadora del Gobierno es trasladar a sus interlocutores, sea cual sea su color, “la importancia de sacar adelante unos Presupuestos que están llamados a impulsar un cambio de modelo productivo en España, reforzar el Estado de bienestar, desarrollar nuevos derechos y avanzar en la imprescindible transición energética”. Entre otras medidas, el proyecto de cuentas públicas, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 27 de octubre, contempla una revalorización de las pensiones del 0,9% e incluye las mayores partidas jamás registradas para Sanidad, Educación, becas o dependencia. (La Razón)

Pedro Sánchez duplica el gasto para sus asesores en los Presupuestos. Las cuentas prevén un incremento del 112% para altos cargos y personal eventual de la Presidencia, que aduce una razón "técnica". (El Mundo)

El Gobierno calcula que 20.268 personas murieron entre marzo y junio debido al coronavirus en residencias de servicios sociales, que incluyen centros de mayores y de discapacidad. La Secretaría de Estado de Derechos Sociales realiza esa estimación en un borrador del informe del grupo de trabajo sobre residencias al que ha tenido acceso EL PAÍS, la primera vez que el Ejecutivo pone cifras a lo ocurrido en las residencias en lo peor de la pandemia. El documento, provisional en espera de aportaciones de comunidades y agentes sociales, constata la “extrema vulnerabilidad” de las residencias y detalla los factores de una “tormenta perfecta” que convirtió los geriátricos en un gran foco de covid. El 6% de los ancianos en residencias falleció en ese periodo. Ello supuso en torno a la mitad de todas las muertes. En los centros de discapacidad, la letalidad fue muy inferior. (El País)

La Fiscalía del Tribunal Supremo tiene ya decidido el criterio que mantendrá respecto a la exposición razonada que remitió el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el que apreciaba indicios de delito de revelación de secretos con agravante de género, daños informáticos, denuncia falsa y simulación de delitos por parte del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias en relación con el «caso Dina». La Fiscalía Anticorrupción, la que representa al Ministerio Público en el «caso Dina», remitió una nota interna a la Fiscalía General del Estado en la que e oponía a que se investigase a Iglesias al no apreciar indicios de ninguno de los tres delitos a los que hacía referencia el juez García Castellón, en el marco de la investigación por el robo de la tarjeta telefónica de la ex asesora de Podemos Dina Bousselham. (La Razón)

Las comunidades autónomas podrán nombrar a los inspectores educativos con criterios subjetivos, ambiguos o directamente arbitrarios. Una enmienda transaccional aprobada ayer entre el PSOE, Unidas Podemos y ERC permitirá a la Generalitat de Cataluña y a otros gobiernos autonómicos seleccionar a los inspectores sin que pasen por examen en la fase de oposición, lo que puede dar pie a poner a personas de la misma tendencia ideológica. Es otra de las sorpresas de última hora de la Ley Celaá. (El Mundo) (ABC)

Los últimos atentados perpetrados por el islamismo radical en Francia y en Austria han puesto en situación de alarma a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Pese a que España ya está en el nivel de alerta 4 antiterrorista, prácticamente el más alto, tanto Policía como Guardia Civil han llevado a cabo un estudio detallado de nuevos dispositivos de seguridad y de objetivos que podrían verse salpicados por la nueva ola de terrorismo en Europa. (El Mundo)

Ana Botín, presidenta de Banco Santander, animó ayer a Larry Fink, presidente y consejero delegado de BlackRock, a comprar acciones del banco. El presidente de BlackRock pidió estímulos fiscales frente a una política monetaria que genera desigualdades “entre quienes poseen activos financieros y quienes no”. Y definió como “crisis silenciosa” la falta de ahorro para la jubilación en Europa, que podría provocar una mayor ralentización de la economía en el futuro. Tras esta reflexión del presidente de BlackRock, la presidenta de Santander le sugirió en un tono distendido: “Una de las opciones es comprar acciones de Santander”. La primera gestora de fondos del mundo es el principal inversor del banco, con algo más de un 5%. (Expansión)

Una buena parte de los más de 1.000 médicos que son dueños del líder vasco en salud, IMQ, tratan de desprenderse de sus acciones en la compañía. Para ello negocian que Adeslas, quien ya cuenta con el 45% de su negocio asegurador, la joya de la corona, se haga con una participación mayoritaria en el grupo en una operación valorada en más de 300 millones de euros. IMQ, en el más puro estilo de la cooperativa vasca, es un grupo con 87 años de historia y está en manos de 1.140 de sus médicos. Su negocio es la gestión de hospitales y clínicas privadas, donde tiene en el País Vasco una cuota de mercado superior al 80%. Cuenta también con una aseguradora, clínicas dentales, residencias y centros de prevención. (Cinco Días)

Los cierres y restricciones al comercio que están aprobando las distintas comunidades autónomas están provocando ya una nueva oleada de Ertes (Expedientes de Regulación de Empleo) tanto entre las grandes cadenas de distribución, como El Corte Inglés, Mango, Primark o H&M-, como entre las de restaurantes, caso de Amrest, Burger King o Alsea. Una de las primeras en actuar ha sido El Corte Inglés, que podría suspender el empleo de hasta 9.000 trabajadores. El grupo aplicará Ertes a parte de los trabajadores de sus tiendas en Cataluña, Asturias y Castilla y León, comunidades donde las medidas de restricción a la movilidad implican en buena parte el cierre de sus establecimientos, salvo áreas de supermercados y otros productos de primera necesidad. (El Economista)

El inversor en planes de pensiones podrá deducirse hasta 10.000 euros: 2.000 euros al aportar a un plan privado y 8.000 euros vía aportación a un plan de empresa. Los expertos no confían en que esta mayor cantidad impulse las aportaciones a los planes de empresa, muy poco desarrollados en España, ni tampoco en que se creen nuevos por el coste que implica para la compañía en el contexto económico actual. (El Economista)