-La presión judicial sobre las empresas dificulta el plan soberanista de Puigdemont. -Rajoy pacta con PSOE y PNV sacar a ETA de la agenda política. -Las Fuerzas de Seguridad ven con 'escepticismo' el desarme de ETA. -ETA pide a Francia impunidad para los actores del desarme. -La Guardia Urbana idea un boicot contra el fichero de Ada Colau. -Carmena se enfrenta al sector más radical de su gobierno. -Oriol Pujol sobre su fortuna oculta: "Me daba más dolores de cabeza que ventajas". -Juan Manuel Bonet: "Iberoamérica es clave en el Instituto Cervantes". -El BCE exige a Banco Popular un saneamiento inmediato de su balance. -Gonzalo Urquijo: "Abengoa volverá a estar en condiciones de crecer en 2019". -Rosalía Portela: "Creo tanto en el futuro de Deoleo que en diciembre compré una cantidad importante de acciones". -Gas Natural acusa a Colombia de "instigar a los clientes a la violencia". -Repsol arranca el plan para que la paquetería de Amazon se recoja en sus gasolineras. -OHL gana su mayor obra en el metro de Nueva York por 460 millones. -Las familias fundadoras dan paso a los fondos en el motor a nivel mundial. -Los bancos ejecutarán la hipoteca si lo impagado supera el 3% del crédito. -Las grandes empresas se rebelan contra Montoro. -Fomento mantendrá casi intacto el decreto que liberaliza el sector de los estibadores. -Irene Montero: "Podemos doblará el pulso al Ibex y la cúpula política, judicial y policial".   El Ejército de EEUU llevó a cabo esta madrugada un ataque contra la base aérea de Shayrat, en la ciudad siria de Homs. El Gobierno estadounidense cree que desde este aeródromo partieron los aviones que bombardearon, supuestamente con armas químicas, la ciudad de Jan Sheijun, controlada por los rebeldes. El lanzamiento de decenas de misiles Tomahawk se produjo desde buques de guerra situados en el Mediterráneo. Poco después, el presidente de EEUU, Donald Trump, confirmó, en rueda de prensa, que dio la orden para atacar una base militar en el oeste de Siria, y pidió a las "naciones civilizadas" que se unan a Washington. En cuanto a las exclusivas del día, la presión judicial sobre la veintena de empresas que la Generalitat ha contratado para poner en marcha los servicios de inteligencia y la agencia tributaria del pretendido Estado catalán se ha vuelto en contra de los planes independentistas del president Carles Puigdemont. Los proveedores, conscientes de las responsabilidades penales en que pueden incurrir por prestar servicios para impulsar el procés, se plantean dar marcha atrás y renunciar a estos contratos públicos. La Fiscalía de la Audiencia Nacional, a través de la Guardia Civil, les ha exigido, bajo apercibimiento de desobediencia y malversación, información exhaustiva de los contratos. Fuentes de una multinacional afectada por esta situación admiten a EL PAÍS la gravedad de los riesgos que corren y dan por hecho que las grandes firmas huirán del conflicto judicial. Rajoy pacta con PSOE y PNV sacar a ETA de la agenda política. (La Razón) Las Fuerzas de Seguridad mantienen un cierto «escepticismo» sobre el desarme de ETA, anunciado para mañana en Bayona (Francia). De hecho, fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por ABC aseguran que hay «improvisación» en la actuación de los llamados «artesanos de la paz», que se sienten muy presionados por la actuación de los distintos Cuerpos policiales y servicios de inteligencia, españoles y franceses, que luchan contra la banda. Esta circunstancia ha hecho que muy probablemente hayan perdido el contacto con la organización terrorista en los últimos tiempos. ETA pide a Francia impunidad para los actores del desarme. Las autoridades galas se han negado a llegar a ningún acuerdo. Los franceses habrían hecho llegar a los «artesanos» su intención de actuar contra quien obstaculice la acción de la Justicia, intente algún tipo de manipulación o se implique en algún tipo de acción que no sea legal o no respete la apariencia de legalidad. De modo que el margen de maniobra de los organizadores del desarme será en principio el que las autoridades francesas establezcan. (El Mundo) La Guardia Urbana idea un boicot contra el fichero de Ada Colau. A través del formulario creado por los servicios jurídicos del sindicato, los policías podrán ampararse en la Ley Orgánica de Protección de Datos para dejar constancia ante el Ayuntamiento de su «oposición a la inclusión de cualquier dato personal en cualquier tipo de base de datos» y para pedirle que «se cese su tratamiento y se proceda a su supresión» en caso de que alguno de estos datos figuren «en la expresada base de datos». (El Mundo) La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, está abordando una remodelación de su equipo de gobierno forzada por las fuertes tensiones que aquejan a la formación que encabeza, Ahora Madrid. Dividido en sectores (Podemos, Ganemos, Equo, IU y grupos vecinales), el equipo de gobierno ha visto cómo Carmena destituía en marzo a la concejal de Cultura, Celia Mayer (Ganemos), y ayer despojaba al edil de Hacienda, Carlos Sánchez Mato (IU), de sus competencias en Madrid Destino, la empresa que gestiona los espacios culturales en la capital. (El País) Oriol Pujol sobre su fortuna oculta: "Me daba más dolores de cabeza que ventajas". El juez le cuestionó hasta siete veces por qué no acreditan el origen del legado. Sus hermanas, Marta y Mireia, tampoco pudieron acreditar el origen lícito de la supuesta herencia. (ABC) Juan Manuel Bonet: "Iberoamérica es clave en el Instituto Cervantes". "La ley de autonomía propia es un tema, si no urgente, pendiente" "En el ADN de cualquier centro ha de estar la palabra Iberoamérica". (El País) El Banco Central Europeo quiere estrategias «ambiciosas y realistas» para que las entidades aceleren la evacuación de activos tóxicos de sus balances y Banco Popular está en el centro de sus preocupaciones por el sector bancario español. El supervisor vigila de cerca la entidad presidida por Emilio Saracho. Los equipos del organismo ya le han transmitido la necesidad de avanzar con operaciones concretas en los próximos meses hacia los objetivos de capital y riesgo establecidos. (El Mundo) Gonzalo Urquijo, presidente de Abengoa, afronta con optimismo la nueva etapa del grupo. En una entrevista con EXPANSIÓN –la primera que concede tras su nombramiento–, Urquijo explica que, tras superar "el calvario" de la refinanciación, Abengoa tiene por delante el reto de su relanzamiento. "La travesía del desierto no será fácil, pero lo conseguiremos, sí o sí". Urquijo asegura que, en 2019, Abengoa estará a pleno rendimiento y "deberíamos ir a velocidad crucero". Rosalía Portela: "Creo tanto en el futuro de Deoleo que en diciembre compré una cantidad importante de acciones". (Cinco Días) Gas Natural acusa a Colombia de "instigar a los clientes a la violencia". (El Economista) Repsol arranca el plan para que la paquetería de Amazon se recoja en sus gasolineras. (El Economista) OHL se ha adjudicado el segundo mayor contrato de su historia en Estados Unidos. Con un importe de 492 millones de dólares (462 millones de euros al cambio actual), el grupo de construcción español, a través de su filial estadounidense Judlau Contracting, ha conseguido el proyecto de rehabilitación la línea de metro Canarsie Tunnel, en Nueva York. (El Economista) El accionariado de las automovilísticas a nivel mundial está evolucionando despacio hacia una mayor profesionalización en la que pierden peso las familias fundadoras, que, sobre todo en el caso de las europeas, controlan aún el desempeño de sus compañías del motor. No es solo el caso de Volkswagen, donde la familia Porsche-Piëch controla este 31% (con el 52% de los derechos de voto), sino que empresas como PSA o BMW aún mantienen a la cabeza de su propiedad a las familias. (Cinco Días) Los bancos ejecutarán la hipoteca si lo impagado supera el 3% del crédito. La nueva Ley Hipotecaria que prepara el Gobierno contempla flexibilizar la amortizar anticipada de la hipoteca, de tal forma que la activación de esta cláusula por parte de la banca no dependa del número de cuotas impagadas, sino de otros factores, como la deuda que queda por pagar. (El Economista) Las grandes empresas exigen a Hacienda que retrase la entrada en vigor, prevista para julio, del nuevo sistema de declaración del IVA en tiempo real. CEOE y compañías de distribución, telecomunicaciones, energía y construcción denuncian "indefensión jurídica" y un régimen sancionador excesivo. (Expansión) Fomento mantendrá casi intacto el decreto que liberaliza el sector de los estibadores. Acelera la norma ante el aviso de la UE de otra inminente multa y le añadirá un reglamento que recogerá la propuesta del mediador. (La Razón) Irene Montero: "Podemos doblará el pulso al Ibex y la cúpula política, judicial y policial". (El Economista) José Ángel Gutiérrez joseangel@hispanidad.com