Vamos a suponer que la vacuna -vacunas-, por cierto, todas elaboradas por empresas privadas- son eficaces, seguras y buenas. Al menos, eso es lo que defiende el Gobierno, y por eso el gran mentiroso, el ministro Salvador Illa, asegura que el plan de vacunación estará completado en 2021.

Sin embargo, el retraso es manifiesto. Algún cachondo ha hecho los cálculos y, al ritmo actual de vacunación el proceso concluiría en 13 años. Y ya saben a medio plazo todos calvos, a largo plazo todos muertos.

Sin embargo, como el prejuicio puede más que el juicio, el ministro Salvador Illa se niega a que la sanidad privada española, más de un cuarto de millón de sanitarios, colabore en la aplicación de las vacunas contra el coronavirus. ¿Esto es normal?

Insisto, poco le importará a cualquier ser racional que la vacuna se la administre un sanitario funcionario o un sanitario asalariado si con ello le cura o le inmuniza frente al virus. Quien le pague la nómina al sanitario no le importa al paciente si le cura.