La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado en la Comisión de Reconstrucción del Congreso la elaboración de una Ley de Tiempo Corresponsable que "garantizará la conciliación y la igualdad de acceso al trabajo de hombres y mujeres". La nueva norma llevará la firma de los Ministerios de Igualdad y de Trabajo. Montero ha reclamado, además, un pacto de Estado para construir un "sistema público robusto de cuidados" que consiga el mismo nivel de compromiso que el pacto contra la violencia de género.

"El trabajo que se produce en los hogares supone 28 millones de empleos a jornada completa", ha argumentado para dibujar la "red precaria" de los cuidados que en España "es frágil y está feminizada". Montero ha defendido que el Estado se haga "corresponsable para crear una red pública de cuidados con salarios dignos. España", ha recalcado, "necesita un pacto por los cuidados construido desde lo público".

Montero ha hecho hincapié en la necesidad de definir los cuidados como un "derecho universal". "El sistema estatal", ha dicho, "debe garantizar el derecho a recibir cuidados y la remuneración y condiciones de trabajo dignas de quien los da".

Estamos de acuerdo, hay que valorar los cuidados que se prestan a quienes los necesitan, pero también es necesario saber a quién se les prestan esos cuidados: niños, ancianos, dependientes y quiénes se beneficiarán de esa remuneración por cuidar; amas de casa, trabajadores cualificados... Hay muchas cuestiones en el aire para este tipo de propuestas -que la ministra Montero expone como "las verdades del feminismo"- y que se plantean, en un principio, sin definir. 

Claro ejemplo de esa indefinición es que desde las fuerzas parlamentarias se ha instado a Montero, por ejemplo, a precisar de dónde saldrá el dinero para pagar esa red pública de cuidados. El PNV le ha recordado que las políticas sociales son competencia autonómica en tanto que ERC le ha reclamado más liderazgo para que la reconstrucción "esté impregnada desde la raíz hasta las hojas de feminismo" y regule el teletrabajo para que no se convierta en una "trampa" para las mujeres.

En resumen, otra vaguedad feminista disfrazada de derecho. Pdríamos resumirla así: que me cuiden. Quién, cuánto y, sobre todo, a cambio de qué. 

Porque esos salarios dignos los paga alguien. Para ser exactos los pagadores de impuestos. Por tanto, la justicia social consiste en que quien recibe una subvención tiene que justificar por qué la recibe, qué es lo que aporta al bien común para tener derecho a una subvención ganada por los demás. Está muy bien que la señora Montero pretenda que le alimenten los demás, pero queremos saber quién será el beneficiario y cuál serán sus contraprestaciones.

Es curioso que Montero no haya hablado de salario maternal. Porque si a lo que se está refiriendo es a otorgar un salario maternal a la mujer-madre aplaudimos con las dos manos. Si alguien desarrolla un papel imprescindible para todos los demás, para el conjunto de la sociedad, esa es la madre que, además, resulta marginada respecto al varón, quien nunca se queda embarazado. Porque la gran mentira del feminismo en el siglo XXI, es que la marginada no es la mujer, sino la madre.