El Gobierno de Pedro y Pablo llega tarde y mal. Quiere proteger a las empresas españolas que cotizan en bolsa y, al mismo tiempo, premiar la no especulación, pero no logrará ni lo uno ni lo otro.

Las ‘acciones de lealtad’, que no podrán entrar en vigor hasta dos años después de ser aprobadas por la Junta de Accionistas -habrá que esperar, como mínimo, a 2022 para ver las primeras-, consisten en un mecanismo por el que un inversor que aguante al menos dos años en una empresa, adquiere doble voto por sus títulos. Así, a partir del segundo año, el que tenía el 5% de derechos de voto pasa a tener el 10%.

La medida pretende, en teoría, proteger a las empresas españolas y premiar la no especulación. Ahora bien, el umbral de dos años es claramente insuficiente porque los fondos internacionales, que ya controlan más de la mitad del Ibex, invierten con un horizonte temporal de, al menos, cinco años. Si el Gobierno quería proteger a los inversores ‘de toda la vida’, en lugar de dos años debería haber subido el listón, por ejemplo, hasta los diez.

Conviene recordar en este punto la situación que viven las principales cotizadas en Francia o en Italia y la experiencia negativa vivida por las compañías españolas que han intentado convertirse en accionistas de referencia de las mismas. Por desgracia, es muy sencillo recordar casos contrarios en los que empresas extranjeras se han adueñado de compañías españolas, incluso siendo estratégicas. Por ejemplo, Endesa y Abertis.

Lo único positivo del anteproyecto de ley es la obligatoriedad de los ‘proxys’ -habitualmente despachos de abogados con sede en Londres- para informar sobre ellos mismos y sobre sus representados. Habrá que ver si lo consigue. De momento, las cotizadas no tendrá que presentar resultados trimestralmente, sino únicamente cada seis meses. Así no se protege al pequeño inversor, que es el cometido de la CNMV. A Sebastián Albella, sin embargo, le parece bien.