El chantaje de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, continúa. Hoy se debatían en el Senado los objetivos de déficit, fundamentales para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, y el PP, haciendo uso de su mayoría en la Cámara, ya ha anunciado que se posicionará completamente en contra de las cuentas de Marisu. 

Ésta ha cargado contra los populares por su rechazoy les ha advertido de que "se equivocan" si creen que con su veto el Gobierno no va a poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2024: "No tiene ni pies ni cabeza, salvo que el único interés que le dirija es el bloqueo por el bloqueo, sin importar lo más mínimo ni el bienestar de los vecinos, ni la propia coherencia interna". Es decir, Marisu ha tirado del clásico populismo socialista: si votas en contra, es que estás yendo en contra del bienestar de la gente, y encima votas con Vox, por lo que te conviertes en ultra. 

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Ha continuado la vicepresidenta primera en la misma línea, afeando el "flaco favor que hacen a la función institucional y democrática" de la Cámara Alta cuando intentan utilizarlo "de forma partidista para convertirlo en un contrapoder al Congreso de los Diputados o en un fortín propiedad de un grupo político".

Luego ha pasado a la técnica de poner en contra a los propios miembros del Partido Popular, al gobernar en la mayoría de Ayuntamientos y Comunidades: Montero les ha espetado que es "un sinsentido carente de toda lógica" que la mayoría de esta Cámara "se emplee a fondo para perjudicar" a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, privándoles de unos objetivos de estabilidad que le ofrecen un mayor margen de actuación para ejercer sus competencias. Dicho en otras palabras: '¡uy, que feo! ayuntamientos y comunidades gobernadas por los populares, esto que os están haciendo desde Génova en el Senado'.

Pero ojo al dato con la última parte de la frase de Montero, unos objetivos que ofrecen mayor margen de actuación, entra la última fase de su plan: vuelve al chantaje. Para entendernos, Hacienda propuso un déficit del 3% en 2024 para el conjunto de las Administraciones, del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026. En el caso de las autonomías se estableció un objetivo del 0,1% para 2024, y en los siguientes dos años, las comunidades buscarán el equilibrio presupuestario. Para las entidades locales también se acordó el equilibrio presupuestario (0%) del 2024 al 2026.

Eso si aceptaban su techo de gasto, sino, las comunidades tendrían que cumplir con la estabilidad presupuestaria este año, mientras que los ayuntamientos tendrían un objetivo de superávit del 0,2%, lo que supone quitar todo margen de gasto para ambas Administraciones. Montero chantajea al PP con ese 0,1%, y lo hace de maravilla, aunque, por una vez, parece que los populares reaccionan y se niegan a ceder. 

"Quienes voten en contra lo que están planteando sencillamente es menos margen de gasto para los servicios públicos de esas administraciones territoriales", ha insistido. Así, en caso de que el Partido Popular persista en "esa estrategia de obstrucción", el Gobierno volverá a traer los objetivos a ambas Cámaras, y si siguen bloqueándolo, se aplicarían los menos favorables para las administraciones. 

"Aunque el Partido Popular crea que vetando estos objetivos el Gobierno no va a poder aprobar los Presupuestos Generales de 2024, se equivocan y vuelven a perjudicar a comunidades autónomas y ayuntamientos", ha remarcado.

Por su lado el senador del Partido Popular, Gerardo Camps, ha confirmado en la tribuna del Senado el voto en contra: "Los españoles no quieren más subidas de impuestos, de cotizaciones sociales, de deuda y de gastos superfluos. Por todo ello, con toda la legitimidad democrática, en defensa del interés general, de los españoles y del crecimiento económico de nuestro país, vamos a votar que no a estos objetivos de estabilidad".

El PP tiene una serie de exigencias para dar su voto positivo: rebajar impuestos, compartir los objetivos fiscales con las comunidades autónomas, respetar su autonomía fiscal e impulsar un fondo de políticas sociales para estas administraciones. Aunque el PP tiene claro que habrá PGR "si el señor Puigdemont quiere".