Caixabank, 8.291 empleados, el 19% de la plantilla, y BBVA, 3.798, el 16% de los empleados del banco en España. Son los últimos ajustes anunciados por las dos principales entidades de nuestro país, por volumen de activos. En total, 12.089 trabajadores menos en un sector que lucha desesperadamente por alcanzar la rentabilidad perdida. Y si sumamos los ERE de Santander, Ibercaja, Liberbank y Unicaja, la cifra aumenta hasta 18.000.

Nada que hacer. Si nos paramos un momento a pensar -conviene hacerlo de vez en cuando- nos daremos cuenta de que la razón principal de estos ajustes es la caída del negocio bancario, que actualmente no alcanza para pagar tantas nóminas, distribuir un dividendo atractivo y hacer grandes inversiones para digitalizarse.

Ahora bien, despedir empleados no mejora el negocio. Incluso lo empeora, porque supone mermar la atención al cliente. Se puede reducir el número de empleados dedicados a la operativa bancaria -retirar dinero, pagar recibos…-, pero hay muchas otras parcelas en las que se hace necesario el asesoramiento personal de un experto. Precisamente, hacia ahí es hacia donde camina el sector: hacia la banca personal.

No se engañen, lo único que puede resucitar el negocio bancario es la subida de los tipos de interés, y eso depende directa y exclusivamente del BCE. Todo lo demás es poner parches que taponarán la herida durante un tiempo, pero no pueden ser el remedio definitivo.

No se puede despedir gente indefinidamente, aunque para José María Roldán aún hay margen para seguir adelgazando plantillas porque en España tenemos más del doble de sucursales por habitante que en países como Alemania o Italia. Un argumento definitivo. Roldán no se presentará en 2022 a un tercer mandato. Para lo que me queda en el convento…

Y luego está lo de los sueldos de los banqueros, excesivos para Nadia Calviño, sobre todo si están despidiendo empleados. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos ha pasado esta semana de aconsejar a los directivos del sector, a pedir al Banco de España que limite esas remuneraciones. Y como ni en Cibeles ni en el BCE pueden hacerlo, el Gobierno dice ahora que empleará todos los mecanismos a su alcance para imponerlo.

Por supuesto, esto no tiene nada que ver con la campaña electoral en Madrid.