El escándalo de las emisiones de los vehículos diésel de Volkswagen -conocido como el dieselgate- entra en otra fase, este lunes, en el tribunal regional de Brunswick, tres años después del estallido de esa crisis, en septiembre de 2015. Unos 2.000 pequeños accionistas han demandado al grupo y exigen una compensación de 9.500 millones de euros.

También reclama la compañía de fondos Deka Investment, pertenecientes a las cajas de ahorro. Del éxito que tenga dependen el resto, aunque el proceso durará meses, y el perdedor apelará, en cualquier caso, ante el Tribunal Federal. El fabricante estima que afronta un riesgo potencial de 3.400 millones de euros, que ha provisionado.

El principal escollo: saber si VW conocía el fraude antes de anunciarlo y provocó su ‘crash’ en bolsa

El principal argumento de los accionistas y de Deka es que si la multinacional hubiera informado del fraude a su debido tiempo, la acción no se hubiera despeñado en bolsa con la fuerza que lo hizo entre el 18 septiembre, viernes, y el 22, lunes. La caída fue del 20% (en términos de capitalización, 15.000 millones). Fue entonces cuando VW admitió el alcance del fraude.

A juicio de los denunciantes, VW tendría que haber reconocido bastantes años lo que estaba ocurriendo de verdad para que los inversores tomaran nota y evaluado el riesgo. Pero no fue así, con el consiguiente y brusco efecto.

Volkswagen se defiende diciendo que informó a los accionistas a su debido tiempo

Preguntas que saldrán a escena: ¿Por qué no dijo que no podía cumplir legalmente los límites de emisión de gases en EEUU, donde ya en 2008 recurre al primer software engañoso? ¿Por qué lo anuncia cuando ya no queda otra y sin embargo los directivos americanos ya tenían información de las irregularidades y de las investigaciones en curso -mediante correos electrónicos y declaraciones- mucho antes del 18 de septiembre, cuando estalla el caso?

Volkswagen se defiende diciendo que informó a los accionistas a su debido tiempo porque no conoció las infracciones a la ley de EEUU, ni sus altos ejecutivos esperaban una multa de 1.000 millones de dólares, hasta el 22 de septiembre.