Con la vicepresidente de Energía -perdón para la Transición Ecológica y el Reto Democráfico y los grandes expresos europeos- de cuerpo presente, uno esperaba más cuando, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario del jueves 24, se esperaba la pregunta: 

-¿Debe dimitir Ignacio Sánchez Galán como presidente de Iberdrola tras ser imputado?   

Ribera, con la elegancia que le caracteriza, simplemente no respondió. La ministra portavoz, María Jesús Montero, tuvo que salir al quite y hablar de la necesaria prudencia ante decisiones judiciales así como la nacesidad de que la cotización de la acción se recupere en bolsa. Hay que tener caradura, Marisú, porque tú eres la misma ministra que intervino en Indra y derrumbaste la cotización de la ingeniería un 20%, por tu decision de echar a Fernando Abril-Martorell. Lo que ocurre es que el Gobierno no se atreve con Galán. Pero ha perdido la oportunidad de marcar criterio. Por ejemplo, de dar carpetazo al insufrible ‘caso Villarejo’ alegando que ningún cargo tiene que dimitir hasta que no haya sido condenado.

El mismo Gobierno que derrumbó un 20% la cotización de Indra al cesar a Abril-Martorell pide ahora prudencia ante la imputación de Galán, no vaya a ser que sufra en bolsa

Vamos con la propia compañía. Tranquilidad es lo que predomina en Iberdrola tras las últimas novedades del ‘caso Villarejo’, es decir, las imputaciones de su presidente y CEO, Ignacio Sánchez Galán; de su director general de negocios, Francisco Martínez Córcoles. Y es que ambos tienen el respaldo de todo el Consejo de Administración. Así se puede ver en el comunicado (ver documento adjunto remitido este jueves) de la eléctrica donde se señala que dicho órgano “ratifica el apoyo a la gestión de la dirección de Iberdrola en el caso Villarejo”.

¿Debe un presidente dimitir por una imputación, antes de ser condenado? El Gobierno ha desaprovechado una excelente oportunidad para marcar criterio

Es decir, de todos sus integrantes (14). Veamos su composición: Galán y Martínez Córcoles ocupan las sillas de consejeros ejecutivos; hay dos externos (Íñigo Víctor de Oriol Ibarra y Samantha Barber); y diez independientes (Juan Manuel González Serna, María Helena Antolín, José Walfredo Fernández, Manuel Moreu, Xabier Sagredo, Anthony L. Gardner, Sara de la Rica, Nicola Mary Brewer, Regina Helena Jorge Nunes y Ángel Acebes).

El Consejo es absolutamente leal a Galán, sobre todo, tras la salida de Inés Macho en 2020, que era la única que se atrevía a llevarle la contraria. Son 14 miembros: dos ejecutivos, dos externos y diez independientes

Un Consejo absolutamente leal a Galán, sobre todo, tras la salida de Inés Macho en 2020, que era la única que se atrevía a llevarle la contraria y también era vicepresidenta de la eléctrica: el año pasado acababa su mandato como consejera independiente y, aunque se la podría haber renovado como externa, no se hizo. Tanto Galán como Martínez Córcoles darán cuenta de su imputación al todavía secretario del Consejo, Julián Martínez-Simancas, que pedirá un informe a la Comisión de Nombramientos (la cual forman Antolín, Gardner y el exministro Acebes), y tras esto se reunirá el Consejo, según El Mundo.

No hay que olvidar que en la Junta de 2020, Galán se blindó ante el supuesto de ser imputado, con un sutilísimo sistema que fue aprobado por mayoría búlgara (99,9%): se modificó el artículo 8 de los Estatutos Sociales para “dar cumplimiento estatutario al Sistema de Cumplimiento y a la Unidad de Cumplimiento”, añadiendo los puntos 8 y 9, por los que la medición e instrumentación del Código Ético y del Sistema de gobierno corporativo será tarea de la Unidad de Cumplimiento. Este órgano está vinculado a la Comisión de Desarrollo Sostenible (formada por De la Rica, Barber y Brewer) y tras la imputación de Galán, revisará si afecta o no al Código Ético y al Sistema de gobierno corporativo. O sea, lo revisarán sus propios subordinados.

En la Junta de 2020 se aprobó un sutilísimo sistema por los que la medición e instrumentación del Código Ético y del Sistema de gobierno corporativo será tarea de la Unidad de Cumplimiento

Otro aspecto a tener en cuenta es el Reglamento del Consejo de Administración de Iberdrola. En el artículo 21.3 cita los casos en que los consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo. Entre ellos, el apartado b señala: “Cuando por hechos o conductas imputables al consejero se hubiere ocasionado un daño grave al patrimonio social o a la reputación de la Sociedad o surgiera riesgo de responsabilidad penal para la Sociedad o alguna de las sociedades del Grupo”. Y el apartado c dice: “Cuando se den situaciones que les afecten, relacionadas o no con su actuación en la propia Sociedad, que puedan perjudicar al crédito y reputación de esta”.

Los analistas de Bloomberg Intelligence ven “poco probable” que el Consejo “suspenda al exitoso consejero delegado sin orden del juez o del regulador”, según recoge El Economista. Por su parte, los analistas del Banco Sabadell han referido que las imputaciones son una noticia negativa por su riesgo reputacional, destacando que la cotización de Iberdrola ya ha perdido un 11% en lo que va de año, aunque también alude a que el reglamento interno del Consejo de Iberdrola no contempla la imputación como causa explícita de cese y que dicho órgano ha dado el respaldo a Galán. Estos expertos también recuerdan que en su informe de Gobierno corporativo se manifiesta la existencia de un plan de sucesión para el presidente del Consejo de Administración y consejero delegado, que será de aplicación cuando comunique anticipadamente su voluntad de cesar en el cargo o en caso de indisponibilidad no puntual e inesperada.

Los analistas de Bloomberg Intelligence ven “poco probable” que el Consejo “suspenda al exitoso consejero delegado sin orden del juez o del regulador” y los analistas del Banco Sabadell aluden a que su reglamento no contempla la imputación como causa explícita de cese

La cotización de la eléctrica ha vuelto al verde este jueves (+0,43%), tras el batacazo del miércoles (-3,56%), aunque sube de forma mucho más discreta que el Ibex (+1,34%). Fuentes de Iberdrola no se pronunciaban sobre el auto del juez Manuel García-Castellón, antes de recibirlo de forma oficial (algo que ya ha sucedido y por eso han enviado el comunicado ya citado), pero aludían al hecho relevante remitido a la CNMV el pasado 25 de mayo, a través del cual Galán se adelantó a la Justicia, poniendo a todos los administradores y empleados (incluido él mismo) a disposición del juez. En concreto, fue una decisión de la Comisión Ejecutiva Delegada del Consejo (la cual forman Galán, Moreu, Barber, González Serna y Acebes). Y es que se considera que sería una oportunidad de esclarecer un tema que lleva unos 20 meses en fase de instrucción (desde que se abrió la pieza separada 17 del ‘caso Villarejo’). Asimismo, se recuerda que en el citado hecho relevante, se recoge que la Unidad de Cumplimiento identificó 17 facturas abonadas a Cenyt (la empresa de Villarejo) y que realizó una completa investigación interna, complementada por el informe ‘forensic’ encargado a PwC.

En el comunicado de este jueves, se señala que las “citaciones se producen en la fase de instrucción (fase de investigación o preparatoria) y tienen como objetivo escuchar a las personas afectadas garantizando todos sus derechos” y que “son una vía para esclarecer una investigación en la que Iberdrola ha actuado con la máxima transparencia desde el primer momento”. Asimismo, la eléctrica recuerda que “la Comisión Ejecutiva Delegada dejó constancia expresa de que, conforme a las conclusiones de la investigación interna y del informe ‘forensic’ independiente encargado a PwC, no se ha puesto de manifiesto la comisión de ningún tipo de ilegalidad o irregularidad ni de ninguna conducta inapropiada (ni indicio alguno de su posible comisión) por parte de los miembros dl Consejo de Administración ni de la Alta Dirección en relación con los hechos del denominado Caso Villarejo”.

En el auto se recogen algunos encargos a Cenyt que se dieron en 2004 y 2009, y para evitar la preescripción (normalmente de cinco años, aunque se puede extender a diez), la Fiscalía alude a un delito continuado

Recuerden que el juez ha imputado a Galán, Martínez Córcoles y a otros dos extrabajadores de la eléctrica (Fernando Becker y Rafael Orbegozo) por su presunta participación en la comisión de delito continuado de cohecho activo, delito contra la intimidad y delito continuado de falsedad en documento mercantil, tal y como le pedía la Fiscalía Anticorrupción. En el auto se recogen algunos encargos a Cenyt que se dieron en 2004 y 2009, y para evitar la preescripción (normalmente de cinco años, aunque se puede extender a diez), la Fiscalía alude a un delito continuado. 

Algunos de estos encargos tenían el objetivo de investigar a Florentino Pérez, presidente de ACS. Desde la constructora no se hace ningún comentario a las imputaciones, pero conviene destacar que, por ahora, no ha metido ninguna demanda contra la eléctrica… y eso que esta última ya lleva dos contra ACS -una extendida a Florentino Pérez-.