Como se recordará, durante la campaña electoral de las pasadas elecciones en la comunidad de Madrid, que tuvieron lugar el pasado 4 de mayo, el entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias, denunció haber recibido un sobre con una bala amenazante en su interior. Y, al parecer, también recibieron una carta semejante el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska y la directora de la Guardia Civil, María Gámez.

Podemos se apresuro a acusar al fascismo, representado por Vox, de las citadas amenazas. Y este partido político decidió entonces denunciar la recepción de esas supuestas cartas en los tribunales  -se personaron como acusación popular- para esclarecer los hechos con la máxima transparencia, y también sospechando que se trataba de un montaje de los comunistas para excitar las emociones de los electores. Aunque poco después se atascó la investigación de las cartas con balas a Iglesias, Marlaska y Gámez porque no hay huellas de los autores.

Así las cosas, se supone que a Podemos  -y al PSOE-  les debería interesar indagar sobre la verdad de esas amenazas fascistas, empezando por cómo fue posible que se colaran dichas cartas en Correos.

Se supone que a Podemos  -y al PSOE-  les debería interesar indagar sobre la verdad de esas amenazas fascistas, empezando por cómo fue posible que se colaran dichas cartas en Correos

Y la noticia saltó ayer martes,  pues la Comisión de Hacienda del Congreso rechazó citar al presidente de Correos, Juan Manuel Serrano Quintana  —amigo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez—, para que dé cuenta sobre el episodio de las cartas con balas, recoge COPE.

Esta solicitud de comparecencia de Vox fue rechazada en Comisión con los votos del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, el PNV, el PDeCAT y el PRC, mientras que el PP, Vox y Ciudadanos votaron a favor.

En el caso de la comparecencia del presidente de Correos, se trataba de una solicitud que Vox registró el pasado mes de abril para que el máximo responsable de la empresa explicase en sede parlamentaria "el grave fallo en seguridad" que habría supuesto el envío de esas misivas que denunciaron los afectados y evitar así una "caza de brujas" sobre el vigilante encargado de su tramitación.

Los de Santiago Abascal pusieron en duda desde el principio la veracidad de esta denuncia de amenazas, y ya avanzaron su voluntad de "llegar hasta el final" del caso para esclarecer si es cierta o no.