Amanecía el Palacio Federal Legislativo venezolano rodeado por 15 funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Tenían orden de custodiar el edificio que se encontraba bajo una supuesta amenaza de bomba -que se denunció por Internet-, por lo que han impedido a los trabajadores del parlamento la entrada. 

Según recoge Telam, estaba previsto un debate sobre la "persecución" contra los opositores de Nicolás Maduro, así como la reincorporación de Venezuela a la Convención Americana de los Derechos Humanos. Horas más tarde, afirmaba Roberto Campos, demócrata cristiano, haciendo uso de su cuenta de Twitter, de las "serias intimidaciones" de la Guardia Bolivariana a los funcionarios "si no entregamos las llaves de las oficinas y del palacio".

Por su parte, Juan Guaidó ha calificado como un "secuestro" la toma del Palacio Legislativo y afirma que la Asamblea Nacional "fue electa por la gente y defenderá su legitimidad". Y mientras, España, al igual que Europa, mantienen su posición de diálogo. Esta misma mañana el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, insistía en que las elecciones son la única salida que se ha de plantear respecto a la situación en Venezuela.

Asimismo, el Gobierno de España ha reforzado la seguridad de la casa del embajador en Venezuela -donde se encuentra como refugiado Leopoldo López- porque cuatro patrullas del Servicio Bolivariano se encontraban anoche frente al edificio.

El pasado cinco de enero se dio una situación parecida, aunque tras una larga revisión no se encontraron explosivos. Casualmente.