• Recurre al Supremo por la orden sobre los peajes de acceso de electricidad y de gas en 2018.
  • Pero el objetivo es que el Estado cargue con el descuento que beneficia a consumidores vulnerables.
  • También plantea en el recurso el periodo de dos meses en que entró en vigor el nuevo sistema.
  • Vuelve a escena así el bono social, uno de los frentes de tensión de Nadal con las eléctricas.
El recurso contencioso-administrativo de Unesa (Asociación Española de la Industria Eléctrica) contra las dos órdenes del Ministerio de Energía que establecen los peajes de acceso eléctrico para 2018 ha sido admitido a trámite, según consta en el BOE de este martes, 6. El recurso, no obstante, no va en contra las órdenes ministeriales en su conjunto, sino sobre dos aspectos concretos, referidos al bono social. Los peajes plasman los ingresos para cubrir los costes regulados previstos en los sistema gasista y eléctrico y ha seguido un año más congelados en la parte regulada de la factura y que depende del Gobierno. En concreto, por cinco años, en el caso de la electricidad, y cuatro en el del gas. Pero el recurso de Unesa, que preside Marina Serrano (en la imagen), se dirige específicamente a la financiación del bono social, un descuento del benefician los consumidores vulnerables y que, a juicio de la asociación, se debería financiar con los Presupuestos del Estado, y no cargarse sobre las comercializadoras. En otras palabras, no se opone al bono social -recordó a los consumidores, de hecho, que se puede acoger a esa ventaja- pero sí al modo de financiarlo. Ese bono fue regulado por real decreto en 2017, en octubre. Unesa se hace eco en su recurso de la carga asumida por las comercializadoras en el ínterin en el que no se había decidido aún el cambio del sistema una vez que el Supremo invalidara el mecanismo anterior. Por ese motivo, el Gobierno tuvo que devolver unos 400 millones (más intereses) a las eléctricas por los pagos del bono social en 2015 y 2016. Sigue así la consigna de Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola, que tiene casi 900.000 clientes acogidos a la fórmula. La eléctrica recurrió a principios de diciembre, tanto el real decreto como la orden ministerial que lo desarrolla. Y a ese recurso se unieron los del resto de eléctricas, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo. A juicio de las cinco grandes, como de Unesa, el bono deberían financiarlo los Presupuestos, no los operadores, como cualquier ayuda social. Rafael Esparza