En la sede de Suez, en París, hay una fecha marcada en rojo: domingo 26 de mayo de 2019, día de las elecciones municipales, autonómicas (menos en Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco) y europeas. Las dos últimas convocatorias no importan demasiado. Lo que sí puede marcar un antes y un después de Suez en España es el resultado de las municipales: si ganan los podemitas, la compañía se pensará muy seriamente la salida de nuestro país.

No es ninguna broma. Estamos hablando de más de 120 concesiones de gestión de agua que estarán en juego si la tesis de la remunicipalización -estatalización, si lo prefieren- triunfa. Y ojo, porque el giro en la gestión puede darse, no solo en los municipios donde gane Podemos, sino en todos aquellos en los que vaya a gobernar el PSOE con el apoyo de los de Pablo Iglesias.

Hasta el momento solo hay un ayuntamiento que ha optado por estatalizar la gestión del agua: Valladolid, con el socialista Óscar Puente a la cabeza gracias a ‘Valladolid toma la palabra’ (IU, Equo y movimientos sociales) y de ‘Sí se puede’ (Podemos y Ganemos). El balance, después de algo más de un año, no puede ser más desastroso, según el Informe del Instituto Coordenadas publicado en el mes de julio.

De momento, solo Valladolid ha optado por la remunicipalización del agua. ¿Balance del primer año? Fracaso total

La primera frase de las conclusiones lo dice todo: “La nefasta experiencia del primer año de gestión directa del ciclo del agua en Valladolid debería constituir todo un ejemplo disuasorio para el resto de ciudades españolas que se planteen ceder ante la presión de las remunicipalizaciones.” Y eso que el Instituto Coordenadas está dirigido por el socialista Valeriano Gómez, exministro de Trabajo con Zapatero.

La advertencia de Coordenadas no puede llegar en mejor momento y se produce en plena batalla judicial entre Acciona, la Generalitat, Agbar y el Ayuntamiento de Barcelona que preside Ada Colau. La intención de la alcaldesa es remunicipalizar la empresa público-privada Aigües de Barcelona, pero la decisión final dependerá de la sentencia que dicte el Tribunal Supremo. Una sentencia que podría llegar después de los comicios de mayo.

Mientras, Acciona reclama a la Generalitat 1.000 millones de euros por la anulación de la adjudicación de la concesión de Aigües Ter-Llobregat (ATLL), de diciembre de 2012. Un lío.