Septiembre se presenta ajetreado. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) da a conocer la fecha en la que Quim Torra, presidente de la Generalitat, tendrá que presentarse ante la Justicia por desobediencia. Así, el 25 y 26 de este mes, Torra deberá responder por su decisión de no retirar los lazos amarillos y otros símbolos independentistas que se encontraban en edificios públicos, en periodo electoral, contra lo que le dictó la Junta Electoral Central (JEC).

La Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación para Torra, para el ejercicio de funciones de gobierno o de cargo público, así como una multa de 30.000 euros. No obstante, Vox, que ejerce la acusación popular, pide dos años de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa que asciende a 72.000 euros.

Mientras, si el 23 de septiembre no hay un presidente investido, el Rey se verá obligado a convocar elecciones

"La justicia es lenta sólo cuando quiere", ha afirmado la oficina del catalán en un comunicado. "La prisa del Tribunal para resolver el caso del presidente Torra es absoluta", añaden. Y es que el texto hace hincapié en casos como el de los separatistas que llevan dos años esperando a la sentencia del 'procés', que debe estar al caer y tiene en vilo a toda España. 

Mientras, el Congreso tampoco descansa. Si el 23 de septiembre no hay un presidente investido, el rey se verá obligado a convocar elecciones, que tendrían lugar el 10 de noviembre, y para las que no se prevén resultados muy diferentes a los actuales. Así, se sospecha que la sesión de investidura de comienzo entre el martes 17 y el viernes 20, una semana antes de la comparecencia de Torra ante los tribunales.