Los ministerios de Industria y Transición Ecológica tienen unos planes para que el vehículo eléctrico sea una realidad palpable en las carreteras a larguísimo plazo (2050), pero han topado con un hueso duro de roer en los principales protagonistas para que eso sea posible. Conocidas son las tarjetas rojas de los fabricantes de automóviles agrupados en Anfac, pero a esa lista se une también Repsol, que también se niega en la parte que le toca, las electrolineras, según fuentes de Industria.

La cooperación de Repsol es clave, sin embargo, en el desarrollo de los planes de las ministras Teresa Ribera, sobre todo, y Reyes Maroto. Difícilmente se puede poner en marcha la transición energética en las carreteras, si la actual red de estaciones de servicio no se reconvierte para plasmar los deseos y metas del Gobierno. Es, desde ese punto de vista, una de las infraestructuras  decisivas.

Es ahí donde se ha producido el choque, según las mismas fuentes, porque la petrolera no está dispuesta a afrontar las fuertes inversiones que requiere esa transformación, al ritmo que plantea Teresa Ribera, porque es imposible de casar, en el medio plazo, con la escasa rentabilidad que ofrece.

La trasformación de las estaciones de servicio estará en la Ley de Cambio Climático, con sanciones incluidas

El planteamiento, en cualquier caso, tiene una lógica, atendiendo a las cifras de mercado. Con las cifras de 2017, en España se matriculan en torno a millón y medio de automóviles pero eléctricos de verdad, sólo 5.000, que no representan ni el 1%, e híbridos, 60.000. Queda claro, por tanto, que el negocio de las estaciones de servicio está en la gasolina (650.000) y el diésel (580.000).

A eso se une, en paralelo, la propia estrategia de Repsol como empresa multienergética a la que aspira y que pasa, dicho de otro modo, por ofrecer servicios al cliente en todo lo que demande. Donde hay negocio, allí estará, como lo ha visto en su incorporación a la listas de eléctricas españolas tras la compra de Viesgo.

Es cuestión de ritmo y plazos, por tanto, al margen de las prisas de Ribera con el desarrollo de los puntos de recarga eléctricos o electrolineras, mientras la propia ministra ha torpedeado la defensa que ha hecho Repsol del gas natural licuado (GLP), el autogás como alternativa para los automóviles. Es el motivo por el que cuenta con 400 puntos de recarga de gas en red de 3.400 gasolineras y explica también el cabreo de Repsol o Cepsa.

De momento, sólo Endesa acompaña a Ribera, con su red de puntos de recarga y gasineras

Ribera y Maroto, en paralelo, apremian para la reconversión de la red, a la que se añaden las 1.700 estaciones de servicio de Cepsa y hasta más de 11.000 en todo el territorio, con BP, Galp, Disa y marcas blancas. Esas infraestructuras son un instrumento clave para visualizar que la transición es posible y dar seguridad al consumidor. De hecho, la trasformación, con un calendario concreto de instalaciones de puntos de recarga eléctricos, tendrá espacio en la Ley de Cambio Climático, con sanciones incluidas para los reticentes.

Ahora bien, es preciso recordar que el propio consejero de Repsol, Josu Jon Imaz, lanzó un guiño a la ministra Ribera, por su apuesta para reducir emisiones de CO2, al tiempo que le pidió que la transición sea ha con eficiencia y sin perjudicar en costes a la industria ni al consumidor.

Pero el guiño más efectivo lanzado hasta ahora a la ministra ha partido de Borja Prado, presidente de Endesa con su plan para instalar 8.500 puntos de recarga de acceso público para vehículos eléctricos en cinco año. Ha convertido la movilidad eléctrica en uno “pilar estratégico”. A esos planes se unen las gasineras, con la inauguración de la primera de ellas en Ciudad Real, este viernes, informa la electrica en un comunicado (en el documento adjunto). Suministrará gas natural comprimido (GNC) y gas natural licuado (GNL). Es un proyecto de Endesa, impulsado por Transcentro Marín y el grupo lácteo Pascual.