- El episodio de Figueruelas volverá en los mismos términos (costes laborales) dentro de cinco años y en otras fábricas.
- El Estado francés controla el 14% del grupo que ha amenazado con llevarse la producción del Corsa a Eslovaquia o Marruecos.
- Es la misma espada de Damocles sobre del resto de fabricantes extranjeros instalados en España.
- Mal gesto, mientras el Gobierno se pliega, a pesar de las ayudas públicas dadas al sector del automóvil.
El preacuerdo alcanzado entre los trabajadores de
Opel España en
Figueruelas (Zaragoza) asegura la viabilidad de la planta para los próximos cinco años, hasta que
PSA Peugeot Citroën) vuelva a plantear otro
chantaje similar -o aceptas o cierro- para cuadrar sus cuentas.
Es la
espada de Damocles, que amenaza no sólo, como ahora, a la planta aragonesa, sino a todas las instalaciones desplegadas en nuestro
país por los fabricantes del automóvil. Del mismo modo que en Figueruelas puede pasar con otras plantas de PSA (
Vigo y
Villaverde) y de otras marcas,
Renault,
Nissan o
Ford. El
sanbenito será el mismo, la necesidad de reducir los costes laborales, y la alternativa, otras plantas, como las de PSA en la vecina Portugal, Eslovaquia (Este de Europa) y Marruecos (norte de África).
Con todo, no deja de ser sorprendente que Opel amenazara con llevarse la producción del
Opel Corsa de Figueruelas, si los trabajadores no aceptaban cambios en nuevo convenio colectivo, teniendo en cuenta que depende de ese modelo la mitad de la carga de trabajo de Figueruelas.
Y eso a pesar de que el presidente ejecutivo del Grupo PSA,
Carlos Tavares, quiso enviar un
mensaje de tranquilidad a las tres plantas españolas tras la compra a
General Motors de la marca alemana Opel, en marzo de 2017.
El
Gobierno español, que jugó en segundo plano entonces, a diferencia de los gobiernos de
Macron (que controla un 14% del capital) y
Merkel, se ha limitado, a través de
Luis de Guindos, a animar a un acuerdo, del mismo modo que el Ejecutivo aragonés.
No cabe duda de que Figueruelas representa mucho en la economía de esa región (el 6% de sus PIB y un 30% de su empleo industrial
con 25.000 trabajadores entre directos y de la industria auxiliar), pero eso no puede ser moneda de cambio.
En realidad, presionar de ese modo es un precedente peligroso. ¿Preocupa al Gobierno eso realmente, a pesar de lo que ha subvencionado al sector del automóvil?
Ya hay un preacuerdo, que depende de lo que respondan en
referéndum los empleados, entre ese martes y mañana. Se incorporan una serie de metas en la producción (478.000 vehículos al año) y medidas que apoyen la rentabilidad del grupo, como recortes del 5% en los pluses o la congelación de salarios este año, entre otras.
El deseo de la empresa era más exigente y ha tenido que ceder parcialmente esta vez, como los trabajadores. Ojo, pero no acaba con el problema. Volverá a plantearse, con los mismos argumentos que ahora, dentro de cinco años. No es otro que la necesidad de reducir los
costes laborales, en lugar de buscar otras
estrategias alternativas, como la apuesta por modelos más demandados. Son, en fin, parte
del efecto sede: el problema de producir en España y decidir fuera.
Rafael Esparza
