Las declaraciones de este miércoles de Andrew Bailey, director ejecutivo de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA por sus siglas en inglés), no dejan lugar a dudas. “Normalmente no hacemos pública la información (sobre una investigación), pero dado el nivel de interés público, queremos dejar claro que vamos a realizar este trabajo”.

En otras palabras, no sólo te investigo por unos fallos informáticos provocados por las exigencias que te he impuesto, sino que, además, rompo la obligación de silencio y lo difundo a los cuatro vientos, por supuesto, por el interés general.

No es la primera andanada británica contra el banco español. Cuando el Sabadell compró el TSB, por el que pagó más de 2.300 millones de euros, los ejecutivos británicos se plantaron y no aceptaron la entrada de directivos ‘españolos’. Sólo reportarían al presidente, Josep Oliu, y al Ceo, Jaime Guardiola. La integración sería más lenta.

Luego llegó la exigencia de crear una plataforma tecnológica completamente nueva y que sufrió fallos en su puesta en marcha, que afectaron a más de un millón de clientes. Por cierto, el señor Bailey ha olvidado ese pequeño detalle: obligaron al Sabadell a fabricar esa nueva plataforma desde cero.