Castor, el fallido almacén de gas situado frente a las costas de Vinaroz (Castellón), sigue siendo un capítulo sin cerrar y otra muestra de lo cara que nos va a a salir la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera. Y es que desde la Comisión Europea se ve bien que los españoles indemnicemos con 1.350 millones de euros a los tres bancos afectados: Santander, Caixabank y Bankia.

Es decir, se ha respaldado la sentencia que emitió el Tribunal Supremo el pasado octubre. En concreto, ha sido el comisario europeo de Justicia, Didier Reinders, el que ha respondido a dos eurodiputados de ERC que dicha indemnización no contradice las normas del mercado interior de la energía de la Unión Europea ni la normativa sobre ayudas de Estado. “El Estado español y, en última instancia, sus contribuyentes han de pagar ahora las pérdidas de una inversión privada considerada perjudicial para el medio ambiente y para las personas que viven en las proximidades”, ha añadido.

Así, la factura por el fallido proyecto del Castor se mantiene en 3.050 millones: a los 1.700 millones que ya había costado hasta el otoño de 2019, se suma la indemnización de 1.350 millones a los bancos. Pero los ‘culpables’ no han puesto ni un duro: el proyecto fue adjudicado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el informe de viabilidad pasó por las manos de Ribera, que le dio el visto bueno. Podían aportar una parte de la elevada factura de su pensión de expresidente y de su sueldo de vicepresidenta y ministra, respectivamente, para no sangrar tanto los bolsillos de los españoles. Eso sí, si hay un gran beneficiado en todo el tema del Castor es Florentino Pérez (¡Oh capitán, mi capitán!), presidente de ACS, pues tenía bien guardadas las espaldas con el contrato que firmó en su día: recogía que en caso de que fuera mal, la factura la pagaba el Gobierno (o sea, todos los españoles).