Tras conocerse la sentencia del ‘procés’, no tan dura como podía haber sido, las reacciones no se han hecho esperar. En declaraciones institucionales -o sea, sin preguntas-, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido una amnistía, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido con “absoluto respeto a la sentencia y el acatamiento de la misma”, subrayando que “acatamiento significa su íntegro cumplimiento”. Parece que este último quiere parecer el más constitucional de todos, y estar alejado de los independentistas: está en campaña para el 10-N.

Torra ha señalado que “Cataluña vive una hora negra” y se ha referido a los líderes separatistas condenados como “personas honorables y pacíficas”. Ha insistido en que “hacer un referéndum no es un delito”, pues “la reivindicación del derecho a la autodeterminación está avalada por el derecho internacional”. También ha calificado la sentencia como “un insulto a la democracia” y ha pedido una reunión urgente con Sánchez y el Rey.

Sánchez recuerda que en una democracia nadie es juzgado por sus ideas, sino por delitos recogidos en el ordenamiento jurídico

 El presidente del Gobierno ha referido que la sentencia refleja que “en una democracia nadie es juzgado por sus ideas, sino por delitos recogidos en el ordenamiento jurídico”. Sánchez está convencido de que “se abre una etapa nueva” en Cataluña, donde la Generalitat y el Parlament deben “gobernar para todos los catalanes” y si así lo hacen, encontrarán el diálogo con el Gobierno.

Desde el PP, la primera reacción de Pablo Casado ha sido afirmar que “quien la hace la paga”. Después, a media mañana, el tono ha sido más relajado y cercano al de Sánchez, hablando de “un proceso judicial ejemplar”, donde “no se han juzgado ideas políticas, sino delitos”, y que “es el momento de cumplir la sentencia”. Claro que también ha hablado de introducir en el Código Penal el cumplimiento íntegro de las penas en los delitos de rebelión y sedición”. En esta línea, apostando por que “no haya indultos ni privilegios” para los separatistas condenados, se ha manifestado Albert Rivera (Cs), destacando que “se puede ser independentista, pero no un delincuente que intenta romper España”.

Abascal (Vox) subraya que hay un golpe de Estado vivo en Cataluña 

Por su parte, Santiago Abascal (Vox) ha anunciado que recurrirán la sentencia del TS, destacando que “PP y PSOE llevan años escondiéndose detrás de los tribunales para no afrontar la amenaza separatista”. Además, ha subrayado que “hay un golpe de Estado vivo” en Cataluña: su Gobierno regional “apuesta por la violencia y se ha atrevido a apoyar a unos terroristas (miembros de los CDR detenidos con explosivos y que serán juzgados por la Audiencia Nacional) calificándolos como ciudadanos comprometidos”.

Para Pablo Iglesias, la sentencia pasará a la historia de cómo no debe solucionarse un conflicto político, al cual no pone fin. Mientras, los independentistas hablan de “venganza” e “irresponsabilidad histórica”. Laura Borràs (JuntsxCat) ha señalado que “votar no es un delito” y la sentencia es “una injusticia inhumana”, y Gabriel Rufián (ERC) ha destacado que “no es una sentencia, sino una venganza, y en política y en la vida, la venganza siempre sale mal”, y ha lanzado una advertencia: “los catalanes siempre se han defendido en la calle, de manera cívica y pacífica, y en las urnas”… y esta es “la mayor agresión desde el Consejo de guerra contra Lluís Companys en 1940”.

Y en el culmen del despropósito, desde PNV ha salido a comparecer Andoni Ortuzar, para considerar que "la sentencia ataca el desarrollo de derechos básicos como el de reunión y manifestación". Además, ha añadido: "Esperemos que los catalanes se manifiesten por métodos pacíficos". Una afirmación que llama la atención viniendo del partido que viene, que en aras del nacionalismo vasco, tuvo cierta condescendencia con la banda terrorista ETA.