El informe de Deloitte publicado en la tarde del lunes solo incluye un dato significativo: la entrada del Popular en concurso de acreedores hubiera exigido al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) 30.000 millones de euros. Insisto, es la única cifra interesante del informe de Deloitte y de la que surge inmediatamente una pregunta: ¿Acaso no tenía el Popular activos suficientes por ese valor? En cualquier caso, si no los tuviera -lo más probable es que sí- el FGD se haría cargo del resto. Es lo que establece la normativa: garantizar hasta 100.000 euros por titular y depósito.

Efectivamente, los accionistas y bonistas afectados por la resolución del Popular no podían haber quedado en una situación peor, ya que recibieron cero euros por sus derechos. De ahí el carácter surrealista del informe Deloitte: oigan ustedes, señores accionistas y bonistas, confórmense con que, además de haber perdido toda su inversión, no hayan tenido que poner más dinero.

Porque la cuestión no es si debían perder todo o no. En definitiva, la cuestión no es económica sino política: ¿Por qué se hizo con el Popular lo que no se hizo con ningún otro banco, ojo, ni antes ni después? La respuesta es política, naturalmente: porque el BCE y la JUR necesitaban reafirmar su poder y poner a prueba el nuevo sistema de resolución bancaria, pieza clave de la inacabada Unión Bancaria Europea.

A partir de ahí, todas las actuaciones y todos los informes, incluidos los de Deloitte, están encaminados a justificar esa intervención. ¿Y qué es lo que demuestra la malicia de los organismos europeos? Que fueron ellos quienes colocaron al Popular contra las cuerdas al negarle liquidez. Esto es importante, porque ningún banco, por muy solvente que sea, puede susbsistir si se le niega liquidez ya que es idiosincrático a los bancos tener un capital circulante negativo.

En resumen, los accionistas y bonistas del Popular tenían que perder su dinero… siempre y cuando, realmente, el banco valiese un euro. Esa es la clave: ¿De verdad valía un euro? ¿Por qué, entonces, el BBVA no acudió a la subasta en la que se podía adjudicar el Popular por un euro cuando seis meses antes se había ofrecido a comprarlo por 4.500 millones? Inexplicable.

Una última reflexión: si el patrimonio neto del Popular era positivo en el momento de la resolución -cumplía con los requerimientos de recursos propios-, a los accionistas y bonistas no les correspondían cero euros, sino su parte alícuota de dicho valor patrimonial, que debe ser fijado con arreglo al criterio de empresa en funcionamiento, no de empresa en liquidación, ya que la apertura del concurso, según la legislación concursal española, no tiene que conducir necesariamente a la liquidación total e instantánea de la empresa.