Como informó Hispanidad, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón denunció las amenazas de muerte que está recibiendo, sobre todo vía internet, después de que se atreviera a pedir al Tribunal Supremo que investigara al vicepresidente del Gobierno Sánchez y líder podemita Pablo Iglesias por el caso Dina. De esa amanera, el juez sufre en carne propia lo que le contó el exabogado de Podemos José Manuel Calvente, quien inició el Caso Dina: en Podemos hay “un equipo a sueldo” para “cargarse a los jueces y personas” que atacan al partido.

Pues bien: parece que esas amenazas van en serio, pues así se las ha tomado la Policía Nacional, ya que según informa hoy La Razón, le ha reforzado al juez el servicio de protección. Pero no una cualquiera, sino que a la escolta habitual que tienen como magistrado de la Audiencia Nacional se unen ahora otros agentes en labores de contravigilancia.

Mientras, Pablo Iglesias asegura que las amenazas contra el juez García-Castellón, él que pretende imputarle, es cosa de la ultraderecha 

La Razón explica que la contravigilancia consiste en situar a agentes en aquellos lugares desde donde, en teoría, podrían vigilar al juez personas que trataran de atacarle, organizarle algún tipo de escrache o proferir insultos con el fin de tratar de amedrentarle. Se trata de una labor muy efectiva ya que, unida a la escolta propiamente dicha, realiza un trabajo de prevención en situaciones en las que, a la vista de las circunstancias, se estima que alguien puede interferir en la vida de la persona protegida.

Por el tipo de amenazas recibidas, se podría pensar que individuos radicalizados pudieran organizar algún tipo de tumulto o corte de circulación en los desplazamientos del juez, en la Audiencia o en su domicilio. La agresividad de las amenazas dejaba poco margen de dudas.

Por otra parte, la Policía Nacional ha especificado que no existen datos concluyentes sobre la autoría de las amenazas de muerte denuncidas por el juez García-Castellón, es decir, que las pesquisas asumidas por la Comisaría General de Información continúan abiertas y "aún no permiten sacar conclusiones”, recogieron agencias.

Lo cual desmiente las acusaciones del vicepresidente Pablo Iglesias, quien, en la sesión de control al Gobierno del día 14 de octubre, aseguró que las citadas amenazas de muerte al juez García Castellón provenían de cuentas vinculadas a Vox y que el Ministerio del Interior ya lo estaba investigando.