• Y el juez Velasco, ex alto cargo del PP, sigue adelante con la causa, que enfanga más al PP.
  • El auto judicial pone nombres y caras, mientras sigue el paseíllo entre prisión, la calle y las fianzas.
  • El Gobierno esquiva y espera y ni Rajoy se atreve a contestar: manda medir el alcance del caso.
  • Pero la oposición calienta la llama: PSOE y Podemos se personan como acusación particular
  • Y la presidenta madrileña emerge con figura rutilante, entre la proyección que espera, sin reparar en cadáveres.

La operación Lezo avanza imparable, tejida sobre las presuntas irregularidades en el Canal de Isabel II, la última espuela que sacude la vida política, afila armas dentro y fuera del PP, mientras el presidente Rajoy aguarda: no contesta sobre causas judiciales en curso, ni aprovechando el aniversario del AVE, este viernes. Demasiados casos, con Lezo, la Gürtel o la Púnica. Lo más sorprendente del caso es su desenlace -enigma no resuelto todavía, en buena lógica- y su alcance en víctimas y tramoya, más si cabe cuando todo parte de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, artífice del caso. A ella se debe todo desde que en julio del año pasado trasladó toda la enjundia del Canal a manos de la Fiscalía. Claro que Cifuentes, a su vez, despierta tantas simpatías entre la nueva tropa del PP como antipatías es la vieja guardia. Ahora emerge como figura rutilante,  a la espera de dónde puede llegar  y sin mirar a ninguno de los que le han precedido en la Comunidad de Madrid. Eso trae en un sinvivir a algunos. El peregrinaje judicial acaba en manos del juez Velasco, paradójicamente un ex alto cargo del PP. Fue durante ocho años director general de Justicia de la Generalitat valenciana con Zaplana y Camps. Claro que Velasco ha lidiado lo suyo con el caso Gürtel, que sacudió los cimientos del PP pero aún sin muchas piezas de trofeo que se dice, esas a las que uno espera llegar pero se resisten. Así la cosas, además de la detención Javier López Madrid, consejero de OHL, yerno de Villar Mir, y la sacudida en Mercasa –con el cese del hermano de Ignacio González, una directiva y la dimisión del presidente, ya hemos conocido el auto judicial. Todo apunta a la filial hispanoamericana del Canal, Inassa, con la que se gestó, en la compra de la brasileña Emissao, una malversación de 25 millones de euros al patrimonio público madrileño. Los investigados, sin embargo,  no tuvieron en cuenta un informe de KPMG que "debió llevar a la paralización inmediata de la adquisición". Y además, para pagar se emplearon "cuentas corrientes bancarias no autorizadas y en paraísos fiscales". A partir de ahí, se han puesto fianzas de cuatro millones y 100.000 euros a la exdirectora financiera de la empresa pública, María Fernanda Richmond, y al exgerente, Adrián Martín, mientras la Fiscalía Anticorrupción pide prisión incondicional sin fianza para Edmundo Rodríguez Sobrino, máximo responsable de Inassa y hombre de confianza del expresidente madrileño Ignacio González. Todos ellos han tenido un cruce con Velasco. La polémica sigue con el nuevo fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, que ha pedido que no se le acuse de uno de los ochos delitos que están en juego, el de organización criminal. Las circunstancias han dado demasiados argumentos a la oposición. El PSOE y Podemos, de hecho, ya se han personado como acusación popular y han reiterado su petición al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para que cese al fiscal Anticorrupción por su "falta de interés por investigar en serio la corrupción, sobre todo cuando afecta al PP". Andrés Velázquez andres@hispanidad.com