El caso Nummaria coge impulso: la Fiscalía ha solicitado este viernes 32 años de prisión para Ana Consuelo Duato Boix (Ana Duato) y 27 para Manuel María Arias Domínguez (Imanol Arias), por presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales entre los años 2009 y 2015. Hacienda, representada por la Abogacía del Estado, no ha querido dejar pasar la ocasión para pedir 28 años de cárcel para los dos protagonistas de ‘Cuéntame cómo pasó’, Antonio y Mercedes. ¿Seguirá el Ente público -pagado por todos los contribuyentes- emitiendo su serie estrella después de esto? Por cierto, en una entrevista publicada en 2014 en El Periódico, la actriz, que además es embajadora de buena voluntad de Unicef, afirmó: “Estoy absolutamente a favor del aborto”. Presuntamente, también está a favor de no pagar impuestos.

El juicio promete. El Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional lleva años investigando la trama que supuestamente gira alrededor del despacho de abogados Nummaria, de Fernando Peña, para el que la Fiscalía solicita 298 años y 9 meses de prisión por 63 delitos contra la Hacienda, entre otros, y por pertenencia a organización criminal. Peña es un viejo conocido de la Justicia, y no precisamente por estar de su lado: en marzo de 2004 fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a 3 años de cárcel por apropiarse de 483.000 euros de cuatro clientes.

Posteriormente, el Tribunal Supremo confirmó el fallo, pero Peña fue indultado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009 -indultar es muy progresista-, mediante el real decreto de 10 de julio de ese año, que le conmutó la pena por otra de dos años a condición de que no volviera “a cometer un delito doloso en el plazo de cuatro años desde la publicación del real decreto”. El ministro de Justicia era Francisco Caamaño.

De vuelta al caso que nos ocupa, según la Fiscalía, Ana Duato habría defraudado 1,9 millones e Imanol Arias, 2,7. Entre los investigados -hay 31 personas físicas y 6 jurídicas- está el marido de la actriz, Miguel Ángel Bernardeau, para quien la Fiscalía solicita 18 años y seis meses de cárcel.