El Ministerio de Igualdad ha creado el Consejo de Participación de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI) con la finalidad de “institucionalizar la colaboración y fortalecer el diálogo permanente entre las Administraciones Públicas y la sociedad civil en materias relacionadas con la igualdad de trato, la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género”.

La orden ministerial, publicada en el BOE, aclara que la creación y funcionamiento del Consejo de Participación de las Personas LGTBI no supondrán incremento de gasto público y serán atendidos con las dotaciones presupuestarias ordinarias del Ministerio de Igualdad. En ningún caso podrán suponer aumento neto de los gastos de personal al servicio de la Administración General del Estado. ¿A qué no?... ¿O acaso su personal no se va a reunir? ¿O recibir subvenciones? ¿O cobrar dietas?. Pero, si el BOE lo dice...

Consejo LGTBI

Y ahora, Sra. Montero, abramos los ojos a la realidad: en primer lugar, todo organismo público nuevo crea nuevo gasto público. Y, en segundo lugar, las organizaciones LGTBI ya reciben generosas subvenciones de la Administración. Es decir, con el dinero de todos.

Dicho esto, respecto a las fuenciones de este nuevo órgano, se incluye servir de marco de colaboración y coordinación estable que agrupe a actores implicados en materia LGTBI, analizar y poner en común propuestas relacionadas con las políticas LGTBI, exponer criterios y observaciones relativas a los proyectos, planes y programas de la Administración General del Estado o recibir información sobre programas y actividades que lleven a cabo la Administración, las comunidades autónomas y las administraciones locales en materia de políticas LGTBI, igualdad de trato, no discriminación y participación social de las personas LGTBI.

Además, deberá elaborar un estudio anual sobre la situación de las políticas LGTBI, igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y canalizar propuestas, recomendaciones y observaciones relativas a aquellas iniciativas, planes y programas que puedan afectar a la integración social de las personas LGTBI inmigrantes, solicitantes de asilo o refugiadas, a iniciativa propia o cuando le sean requeridos por los órganos competentes de la Administración General del Estado.