Orange no prestará servicio de comunicaciones a la Administración General del Estado durante los próximos cuatros años. La empresa que dirige Laurent Paillassot, y que a finales de año lanzará Orange Bank, se presentó al concurso de telefonía móvil que, finalmente, se ha llevado Vodafone, que ha sido la primera en ofrecer servicios 5G en nuestro país.

Hablamos de un contrato de 10,35 millones, según el comunicado remitido este miércoles por la teleco, que le habilita para ser el proveedor de voz y datos móviles en 85 organismos de la Administración General del Estado durante los próximos 42 meses, prorrogables otros 18 meses. En total, Vodafone prestará servicios a 38.500 líneas públicas, suministrará 34.000 dispositivos y ofrecerá gestión integral de la movilidad corporativa.

Telefónica, por su parte, se ha llevado el contrato de las comunicaciones fijas (datos y telefonía), por valor de 135 millones de euros, y BT ha resultado adjudicatario del lote correspondiente a las comunicaciones internacionales, valorado en 40 millones de euros.

Quedar fuera de los contratos públicos no es definitivo, ciertamente, pero sí sintomático. El problema de Orange, según distintos analistas del sector, es que sus servicios premium equivalen a los servicios low cost de la competencia. Además, hay quienes desconfían de su capacidad para rentabilizar la apuesta que ha realizado para incluir el fútbol en su oferta de televisión.