En su último intento de sortear el proceso democrático de EE.UU., los grupos abortistas pidieron a un panel internacional de supuestos derechos humanos que proteja sus intereses contra las leyes y políticas pro-vida de EEUU, informa C-Fam.

Instado por grupos proaborto nacionales e internacionales, el Comité de Derechos Humanos de la ONU cuestionó a la administración de Donald Trump sobre las leyes y políticas pro-vida de Estados Unidos en una revisión de marzo de 2019 del historial de derechos humanos de la nación. El comité de la ONU sugirió que las leyes estatales para regular el aborto violan las leyes internacionales de derechos humanos, incluidas la objeción de conciencia para los proveedores médicos que actualmente tienen ese derecho en hasta 45 estados de EE. UU.

Un año después, el Departamento de Estado de los EE.UU. aún no ha respondido a esas preguntas. Si la administración Trump ya no está en la Casa Blanca el próximo enero, y no se produce una respuesta por escrito para entonces, podría dar lugar a que una administración demócrata de EE. UU. disponga respuestas muy diferentes sobre las leyes estatales de EE. UU.

El comité de la ONU impugnó la expansión del presidente Trump de la Política de la Ciudad de México, que prohíbe que los grupos que realizan o promuevan el aborto reciban asistencia extranjera de los Estados Unidos. Titulada la política ‘Protección de la vida en la asistencia sanitaria global’, el comité de la ONU se refiere a ella como la “regla de mordaza global”, un apodo despectivo utilizado por los grupos de aborto.

El comité de la ONU criticó una orden ejecutiva emitida por el presidente Trump sobre la libertad religiosa, alegando que “permite a los empleadores y aseguradores hacer ‘objeciones basadas en la conciencia’ frente a obligación de cumplir la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible y, por lo tanto, restringe el acceso de las mujeres a la salud reproductiva”. Se consideró que la orden era necesaria para dar alivio a grupos como las Hermanitas de los Pobres, quienes fueron obligados por esta ley de 2009 a pagar el aborto y la anticoncepción en contra de su conciencia.

El comité de la ONU criticó una orden ejecutiva emitida por el presidente Trump sobre la libertad religiosa, alegando que “permite a los empleadores y aseguradores hacer ‘objeciones basadas en la conciencia’

El comité de la ONU también cuestionó las leyes estatales “que restringen el acceso de las mujeres a servicios de salud reproductiva y al aborto, y crean nuevas barreras para ellas en la práctica”.

De acuerdo con la interpretación del comité del Artículo 6 sobre el derecho a la vida del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), las madres tienen derecho al aborto subsidiado por el gobierno si su hijo no nacido es concebido por violación, o si su propia salud está en comprometida, o si su hijo presenta una discapacidad grave.  Argumentan que cualquier restricción al aborto pone en peligro la vida de las madres que buscan abortos.

Estados Unidos ratificó el PIDCP en 1991 con una reserva que instaba al pleno respeto del sistema de gobierno federal de los Estados Unidos.  Para sortear esas reservas de federalismo y la posible reversión de Roe v. Wade, los legisladores demócratas están tratando de incorporar expresamente la interpretación del derecho al vida del comité, que incluye el aborto, en la ley de EE.UU. a través de la Ley de Derechos Reproductivos.

Las preguntas formuladas por el comité reflejan los informes de los grupos de aborto nacionales e internacionales al comité.  Para su gran alarma, en la última década se han promulgado democráticamente decenas de nuevas restricciones al aborto en las legislaturas estatales de EE.UU.  Según Americans United for Life, 22 estados adoptaron tales leyes en 2019.

La pandemia del coronavirus ha obligado al comité a posponer su calendario a la espera de tener un diálogo en persona con representantes del gobierno de EE.UU. antes de que acabe 2020. Para que este encuentro tenga lugar, se busca tener una respuesta por escrito en breve. A diferencia de este año, las respuestas escritas anteriores al comité se produjeron en unas pocas semanas después de que el comité plantease sus preguntas.

Los Estados Unidos también pueden disputar los puntos de vista del comité en la Asamblea General de la ONU por escrito y oralmente, incluida una próxima discusión sobre cómo reformar los órganos de tratados de la ONU. La Oficina de Derechos Humanos, Democracia y Trabajo del Departamento de Estado de los EE. UU. normalmente se encarga de tales respuestas.