El Tribunal General de la Unión Europea (TUE) ha devuelto temporalmente la inmunidad como eurodiputado al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, a Toni Comín y a Clara Ponsatí, los tres con escaño en el Parlamento Europeo por JxCAT.

El vicepresidente del Tribunal General de la UE, el chipriota Savvas Papasavvas, ha accedido a la petición de las medidas cautelares solicitadas por los tres eurodiputados y ha paralizado provisionalmente la suspensión aprobada a principios de marzo por el pleno del Parlamento Europeo, tras el suplicatorio solicitado por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, recoge El Periódico.

La decisión quedará suspendida hasta que la Corte europea adopte una resolución definitiva sobre el recurso de los tres políticos de Junts. Según recuerda en su auto el tribunal con sede en Luxemburgo, el Parlamento Europeo todavía no ha podido presentar sus observaciones sobre la demanda de medidas cautelares, por lo que “a día de hoy no es posible determinar si su fundamento ha quedado suficientemente demostrado”.

La Policía cree que la dinámica de ocultación de dinero por parte de la familia Pujol se encuadra en un delito de organización criminal

Recordemos que Puigdemont y compañía reniega del pasado de su partido, es decir, de CIU, la que fundara el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Un Jordi Pujol que declara en un libro-entrevista: "No soy un corrupto", recoge La Razón.

Cabe recordar que el 25 de julio de 2014, Jordi Pujol reconoció en un comunicado enviado a varios medios haber ocultado a la Hacienda Pública durante 34 años «un dinero ubicado en el extranjero», según sus afirmaciones procedente de su padre Florenci Pujol, recuerda Wikipedia.

El 28 de julio de 2014 el sindicato Manos Limpias denunció a Jordi Pujol i Soley y a su esposa ante los juzgados por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, delito fiscal, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación y falsedad. La denuncia recayó en el juzgado 31 de Barcelona, donde la juez titular, Beatriz Balfagón, acordó abrir diligencias y notificar su decisión a la Fiscalía.

En mayo de 2017, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial concluiría que “la familia Pujol-Ferrusola obtuvo un ‘beneficio económico no justificado’ de 69 millones de euros en sus cuentas de Andorra desde 1990, cuando comenzaron una operativa para ocultar “grandes sumas de origen desconocido” que responde a un “plan preconcebido y ordenado”. En este informe de 102 páginas, la Policía cree que la dinámica de ocultación de dinero por parte de la familia Pujol se encuadra en un delito de organización criminal, ya que actuaba “como un grupo organizado que veía desarrollando una actividad presuntamente ilícita” liderado por el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, recuerda Wikipedia.

En julio de 2020, el juez José de la Mata, de la Audiencia Nacional, dio por concluida la fase de instrucción considerando que había indicios de delito para juzgar a toda la familia Pujol por delitos de pertenencia a una organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude a la Hacienda Pública y falsedad documental. En el auto se decía que "la familia Pujol Ferrusola ha aprovechado su posición privilegiada de ascendencia en la vida política/social/económica catalana durante decenios para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas".

Pero no, Jordi Pujol no es corrupto, ¡nooooo!.