• El Tribunal Supremo tiene previsto asumir la causa abierta en la Audiencia Nacional por rebelión, sedición y malversación en la que están investigados el expresident Carles Puigdemont y todos los integrantes de su destituido Govern.
  • El juez del Supremo, Llarena, da a entender que mantiene los delitos de rebelión y sedición, que pueden acarrearles hasta 30 años de cárcel.
  • Y el problema para los querellados es que el Tribunal Supremo es precisamente el máximo órgano decisor sobre estas cuestiones…
Tras asumir la semana pasada la investigación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre la presidenta de Parlament, Carme Forcadell, y otros cuatro ex miembros de la Mesa del Parlament, el Tribunal Supremo (TS) tiene previsto hacer lo mismo con la causa abierta en la Audiencia Nacional por rebelión, sedición y malversación en la que están investigados el expresident Carles Puigdemont y todos los integrantes de su destituido Govern.   Según confirmaron a La Razón fuentes del Alto Tribunal, el magistrado Pablo Llarena reclamará el procedimiento «en un plazo de dos semanas», en todo caso antes del comienzo de la campaña electoral del 21-D el próximo 5 de diciembre. En este supuesto, si los ex consellers actualmente en prisión no solicitan antes declarar de nuevo ante la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela y se acogen a la «vía Forcadell» (compromiso de acatar la legalidad en su defensa de la independencia, lo que difumina el riesgo de reiteración delictiva) para lograr su libertad, podrían hacerlo con el nuevo instructor al asumir la causa el Tribunal Supremo. De esta forma, tendrían una oportunidad para salir de prisión antes del comienzo de la campaña. Como sucede en el caso de la petición al TSJ de Cataluña, la decisión del Alto Tribunal no admite recurso alguno, por lo que la Audiencia Nacional no tendría otra opción –incluso con la oposición de la Fiscalía, que presentó dos querellas por los mismos hechos ante dos tribunales distintos por el aforamiento de Forcadell y la mayoría de los integrantes de la Mesa denunciados– que remitir el procedimiento al Supremo. La decisión del Tribunal Supremo no sólo supondría la asunción de la investigación a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y los otros doce ex consejeros del Govern, sino también de la causa abierta por sedición, que también instruye la juez Lamela, al que fuera mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, a su antigua intendente Teresa Laplana y a los líderes soberanistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, «los Jordis», estos dos últimos en prisión desde el pasado 16 de octubre. Y en ese contexto, conviene destacar que se está vendiendo por ahí que la Audiencia Nacional fue más dura que el Tribunal supremo. En las formas sí, porque la jueza Lamela les envió a la cárcel, pero en la práctica no, porque el juez Llarena da a entender que mantiene los delitos de rebelión y sedición, que pueden acarrearles hasta 30 años de cárcel. Es decir, que el problema para los querellados es que el Tribunal Supremo es precisamente el máximo órgano decisor sobre estas cuestiones. Contra la decisión del Tribunal Supremo «no se da recurso alguno». Y son cuestiones sin jurisprudencia. A los querellados les espera un negro futuro judicial… Andrés Velázquez [email protected]