- El ministro añade dos nuevas condiciones a Iberdrola y Endesa para evitar cierres: el impacto en precios o en las emisiones.
- Con la ley eléctrica actual, sólo se puede denegar la clausura unilateral si afecta a la seguridad de suministro.
- Nadal pasa del real decreto, 'rapado' por la CNMC, a una proposición de ley para salvar el carbón y la nuclear.
- Pero necesitará un acuerdo PP-PSOE: la mayoría del Congreso es antinuclear y contraria al carbón.
El ministro de Energía,
Álvaro Nadal, incansable al desaliento,
resucita tras el
varapalo de la CNMC a su real decreto sobre el cierre de las
plantas eléctricas, y pasa el testigo al Parlamento. O sea, opta por presentar una
proposición de ley, en la que incorpora, las observaciones de
Competencia, explica Nadal, que se quedó sin argumentos para frenar a
Iberdrola y
Endesa.
La proposición la presentará el grupo popular, con el fin de dar rango de ley a la norma, entre otras cosas por el escaso margen que deja al Gobierno la
Ley de Sector Eléctrico. De hecho, esa ley tiene en cuenta sólo la
seguridad en el suministro, insuficiente para haber evitado, por ejemplo, el cierre de
Garoña tras la decisión tomada por
Nuclenor.
Eso sí, obligará a Nadal a negociar con los
grupos parlamentarios, trámite que se evitaba con el real decreto, y también con las
eléctricas, buscando un punto de equilibrio que no dependa sólo de la
rentabilidad de las plantas.
El propósito del ministro, en cualquier caso, no varía: evitar que el cierre de una planta la decida únicamente la empresa, al sumar a esa decisión otra, a tener en cuenta también: la implicación que esa decisión puede tener en la
política energética, de la que depende la planificación y el mix (reparto) energético.
Obviamente,
las centrales que corren más riesgo son las nucleares, que representan más del 20% del sistema y afectan singularmente a los precios (es la más
barata) y los compromisos medioambientales (es una
energía limpia).
Son los dos nuevos ángulos que incorpora la proposición de ley como argumentos para denegar el cierre de una planta: el impacto en la subida de
precios (o competencia del mercado) y en los objetivos para reducir la emisión de
gases contaminantes.
Reitera así su mensaje de que
España no puede prescindir del carbón y de las nucleares, un guante que ha sido recogido por las
comunidades autónomas afectadas. Por ejemplo, el presidente asturiano,
Javier Fernández, contrario al cierre de las plantas térmicas de carbón, por lo que le toca directamente.
No obstante, desde el sector nuclear, llega a Nadal otra queja: los impuestos se comen el 40% del negocio y no les salen las cuentas. O sea, piden una
fiscalidad menos asfixiante.
Además de la nuclear, otras plantas amenazadas con cierre son las
térmicas de carbón.
Ibedrola y
Endesa han anunciado ya su intención de cerrar, antes de 2020, las
térmicas de
Lada y
Velilla, en el primer caso, y
Compostilla y
Teruel, en el segundo, que incluso podría adelantar.
Nadal
pasará la pelota a los grupos parlamentarios. O lo que es lo mismo, la política energética también deberá consensuarse entre los grupos y eso hará necesario un acuerdo del
PSOE y el
PP.
Cierto es que prescindir de fuentes de energía tiene repercusión en los precios y la contaminación. El carbón es más barato pero
contamina más que el gas, cuando la que menos contamina, con la nuclear, es la
hidroeléctrica, pero depende de la lluvia, como la eólica del viento y la solar, del sol.
Es el debate que entrará de lleno en el Congreso, junto a otra realidad: es, en su mayoría, contrario al carbón y antinuclear,
más importante por la potencia instalada y las necesidades energéticas que cubre.
Lo que sucede con las plantas de carbón en
Asturias se repite en el caso de
Aragón, también con el carbón, o con la nuclear en el caso de
Extremadura. Juegan mucho en las economías regionales, lo cual puede ablandar a los
socialistas.
De hecho, en el
comunicado de Industria sobre el plan de Nadal, se informa también del acuerdo firmado por el ministro y el presidente aragonés,
Javier Lambán, para impulsar las comarcas mineras de Aragón.
Se trata de un
convenio marco de colaboración para fomentar el empleo alternativo en esas zonas, con proyectos de infraestructuras y restauración de un terreno degradado por el cierre de las explotaciones mineras.
Ese convenio es similar al puesto en marcha en otros puntos geográficos y se extenderá hasta el próximo 31 de diciembre.
Rafael Esparza
