Según informa hoy El Economista, a cuenta del ejercicio presupuestario de 2019, el Ministerio de Hacienda mantiene retenido el pago de 5.291 millones de euros que corresponden a Administraciones y otros organismos públicos.

En detalle, el recorte de esos 5.291 millones de euros procede de 2.000 millones que el Gobierno adeuda por el déficit de la tarifa eléctrica, 2.500 millones que retiene a las comunidades autónomas por los ingresos del IVA de diciembre de 2017, otros 200 millones por el derecho de pagarés a Andalucía que a día de hoy siguen bloqueados desde septiembre de 2019, y 416,5 millones que se le deben a Valencia por el FOGA (Fondo de Garantía Asistencial de Sanidad), según ha podido conocer elEconomista.

Entre los acreedores que este viernes se sentarán en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para escuchar de la ministra María Jesús Montero la cifra de senda fiscal que les marcará a las autonomías hasta 2023 cunde la sospecha de que el Estado está maquillando las cuentas para que a Hacienda le cuadren los números que tiene que presentar en breve a Europa, explica el mismo medio.

La cantidad de dinero que retiene Hacienda en su monedero, como una especie de colchón presupuestario, se acerca al recorte estructural que la UE exige a las Cuentas Públicas de 2020

La cantidad de dinero que retiene Hacienda en su monedero, como una especie de colchón presupuestario, se acerca al recorte estructural que la UE exige a las Cuentas Públicas de 2020, si es que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere cumplir con su compromiso fiscal y no quiere ser penalizado, añade El Economista.

Precisamente en clave de déficit una de las principales exigencias de la Comisión Europea, los 5.291 millones que ha dejado de pagar el Ministerio que dirige María Jesús Montero suponen cerca de un 0,5% del PIB nacional, cuando desde Bruselas se nos viene exigiendo un ajuste estructural del 0,65, entre unos 6.600 y unos 7.800 millones de euros. Europa también nos pide que el aumento del gasto no exceda como máximo del 0,9%.

Pendiente Bruselas de que llegue el borrador de los Presupuestos Generales de 2020, para que en el caso de negociación la Comisión flexibilice el déficit a España, en octubre del año pasado, el Gobierno socialista de Sánchez recibió una carta procedente de Berlaymont, sede de la Comisión, en la que se nos pedía un ajuste por 6.600 millones. Entre las apreciaciones de la misiva de la institución europea resaltaba la falta de convicción de los planteamientos tributarios de España, al creer que los ingresos por impuestos estaban sobredimensionados.