Declaraciones de zona catastrófica, prolongación de ertes, solidificación del ingreso mínimo vital, renta por cese de actividad, demora, más que anulación, en el pago de impuestos. No discuto si las medidas son justas o injustas pero hay algo evidente en todo lo ocurrido el martes 19 en la esfera gubernamental asi como en la Vicepresidencia económica durante los últimos meses: todo es gasto público, no hay inversión pública.    

Para cinco comunidades supone una merma de ingresos en un momento en que la entrada de fondos en Hacienda cae en picado y mientras el gasto público se dispara. Nos asomamos a un déficit público, esta vez sí, histórico, financiado por una deuda que habrá que pagar.

Todo el gasto se financia con deuda pública. La tercera parte de la deuda española obra en poder del Banco Central  Europeo (BCE), el mismo que algún día, antes o después, deberá subir el precio oficial del dinero, algo que puede resultar trágico para la economía española.

Y todo lo anterior a lo mejor resulta necesario porque el coronavirus ha provocado muchos daños. Ahora bien, si te tenías que endeudar, el Gobierno Sánchez podía haber optado por utilizar ese dinero para invertir -sí, creando un nuevo INI, si fuera necesario- es decir, para reindustrializar España, o bien para subvencionar. Y ha optado por lo segundo.

Al final, la política económica de Sánchez consistirá en un reparto de la miseria, con el Gobierno renunciando a crear empleo directo y todas las medidas económicas subordinadas al mantenimiento del diálogo social… que no a la creación de empleo.

Bueno, y luego está la trampa de llamar inversión pública al gasto público… pero ya no cuela.