Después de su cambio de opinión y de recoger la vuelta presencial a las clases en septiembre, la ministra Isabel Celaá se ha encontrado con la negativa de Madrid y País Vasco al plan del Ejecutivo. Celaá se ha reunido este jueves con los consejeros de Educación en la cuarta Conferencia Sectorial que celebran desde el decreto del estado de alarma. En el encuentro se ha abordado la vuelta a clase en septiembre y han quedado patentes las reticencias de algunas comunidades al plan anunciado este miércoles por el Gobierno con pautas para evitar el contagio por coronavirus. 

Además de ese documento base con medidas sanitarias, Celaá ha presentado a los representantes autonómicos un acuerdo educativo con catorce puntos genéricos que ha sido suscrito por todas las regiones, a excepción de Madrid y País Vasco. El Ejecutivo madrileño considera que no resuelve "los graves problemas para el inicio de curso", mientras que desde Vitoria se esgrimen cuestiones competenciales.  

El acuerdo alcanzado establece que el año académico comenzará en las fechas habituales de septiembre y que se mantiene en 175 el mínimo de jornadas lectivas, con la posibilidad de que sean adaptadas a las circunstancias concretas que marque la evolución de la pandemia. Asimismo se apostará por la educación en las aulas, toda vez que la online "no puede sustituir la socialización ni la interacción de los alumnos entre ellos y con los docentes". 

Aún así, la ministra de Educación ha asegurado que no se abandonará la digitalización del sistema educativo como "medida subsidiaria". Para ello su departamento va a poner en marcha un programa de cooperación territorial que permita mejorar la dotación de equipamiento tecnológico de los centros y de los estudiantes. Este convenio, que se desarrollará junto con el Ministerio de Asuntos Económicos, se presupuestará al margen de los 2.000 millones de euros que las comunidades recibirán para destinar a educación -fondos que irán sólo a la enseñanza pública-. Un segundo programa de cooperación se dirigirá a la recuperación y el refuerzo del alumnado y de los centros con más dificultades para afrontar "situaciones anómalas". 

El consejero de Educación madrileño, Enrique Ossorio, ha tildado ese fondo económico de 2.000 millones de "insuficiente" y ha argumentado que solo se ha contemplado para el último trimestre de 2020. Respecto al acuerdo de 14 puntos, Ossorio ha afirmado que "no sirve para nada", porque, a su juicio, es lo que ya están haciendo todas las comunidades.

Ossorio ha remarcado que la Comunidad de Madrid se ha mostrado en contra del documento porque solamente tiene "obviedades" y no resuelve "los gravísimos problemas" que plantea el inicio del próximo curso. 

Su homóloga Cristina Uriarte ha afirmado por su parte que el País Vasco gestionará sus competencias en el ámbito educativo y que el Ejecutivo del que forma parte ya está trabajando con los diferentes agentes de cara a la planificación del nuevo curso escolar.