Los inspectores educativos están "perplejos", "dolidos" y "sorprendidos" por las palabras de la ministra Isabel Celaá, que anteayer cuestionó la validez del informe sobre adoctrinamiento en los libros de texto en Cataluña -del que informó El Mundo-  que el pasado año encargó el propio Ministerio de Educación -entonces del PP- a los miembros de la Alta Inspección del Estado, informa el mismo periódico.

Después de dar a entender que no lo tenía porque Íñigo Méndez de Vigo no se lo había entregado, Celaá reniega ahora del trabajo que lleva el membrete oficial de su departamento. Considera que no tiene "rigor científico" porque la muestra es pequeña (125 manuales analizados), no consta la metodología o no se especifica quiénes fueron los autores ni cuántas personas participaron en él. Manuel Blanco, exdirector de la Alta Inspección en Baleares y uno de los autores de este estudio, el primero de este tipo que realiza una Administración central, defiende la "profesionalidad" de su trabajo frente a estas afirmaciones.

El presidente de la Unión Sindical de Inspectores de Educación de Cataluña (USIE), Jesús Marrodán, recuerda que la "obligación" de la Alta Inspección es "denunciar" al Ministerio cada una de las actuaciones que incumplen la normativa básica, mientras que "el Ministerio debe requerir a las comunidades autónomas y a las editoriales para que actúen" porque "está obligado a ello". "Con que haya un solo libro en el que se distorsione la Historia y se presenten los hechos como un relato de buenos y malos, hay que actuar", considera Marrodán, que habla en nombre del único sindicato de inspectores educativos que hay en España, aunque los 1.500 miembros que integran este cuerpo forman parte también de otras asociaciones.

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"El estudio existe, la Administración lo ha escondido, ahora la Administración dice que no es válido. Es como si Ford hiciese un plan de ventas y luego saliera diciendo que es una chapuza. Si le parece que no es riguroso, debe revisarlo, completarlo, mejorarlo y comprometerse en unas fechas a hacerlo público. Lo que no puede hacer es decir que es flojo y no tomar medidas, porque las denuncias están ahí. Se han hecho por el personal del Ministerio, que son profesionales cualificados, y esa gente ahora se siente fatal", les defiende Marrodán, que recuerda que ese informe "se ha pagado con dinero público" y se elaboró a instancias de colectivos como Sociedad Civil Catalana o la asociación de profesores AMES.

AMES advirtió ayer en un comunicado que "el curso escolar ha comenzado en Cataluña con los mismos libros de texto debido a la voluntaria decisión del Ministerio de ignorar dicho informe". Recordó que Méndez de Vigo tampoco tomó "ninguna medida" para garantizar la preinscripción escolar en castellano en los colegios de Cataluña, en plena aplicación del artículo 155, y reclamó que el exministro abandone su cargo de presidente de la Comisión de Educación del Congreso. También dijo que "no se entiende que Celaá haya estado dos meses sin decir nada sobre el informe y, cuando por fin lo hace, sea para rechazarlo".