• No les facilita las actas y otra documentación requerida para defenderse de las querellas presentadas contra ellos.
  • Lo cierto es que el banco no se niega a entregar los documentos pero, a la hora de la verdad, no los aporta.
  • Al mismo tiempo, los ex consejeros consideran que se les ha privado de su Derecho de Suscripción Preferente (DSP).
  • Una cosa es que las acciones no valgan nada y otra que no sean propiedad del accionista al que se le priva de su DSP.
  • Y no olviden que aquí sí hubo ampliación de capital, posterior a la intervención.
Los afectados del Popular se han querellado contra la Junta Única de Resolución, contra el FROB y también contra los antiguos consejeros del banco. La prioridad actual de estos consejeros es, como se pueden imaginar, preparar su defensa. No tienen tiempo que perder y han solicitado información al Santander. Hablamos de diversa documentación y de las actas de los consejos de administración del Popular. Se trata, pues, de un material informativo demasiado amplio para ser estudiado en pocos días. Y en la era digital, esa información solo la posee el Santander. Lo cierto es que la entidad que preside Ana Botín no se ha negado abiertamente a entregar esa documentación -en algunos casos, incluso, asegura que lo hará- pero, a la hora de la verdad, no la facilita. Pero ahí no termina la cosa. Los ex consejeros que poseían títulos del Popular consideran que se les ha privado de algo esencial para cualquier accionista: el Derecho de Suscripción Preferente (DSP). Porque una cosa es que los títulos no valgan nada y otra muy distinta es que dejen de ser de su propiedad. Aunque la acción valga cero, el título sigue existiendo así como su DSP. Y no olviden que, tras la intervención, hubo una ampliación del capital de 7.072 millones de euros. En otras palabras, consideran que el Santander tenía que haber preguntado a los accionistas si querían ejercer su DSP, al margen de que el valor de sus títulos fuera cero. Siempre puede haber alguien, o un tercero, que estuviera interesado aunque tuviera que poner dinero, evidentemente. Esto es importante, porque una cosa son los derechos económicos de las acciones y otra, los derechos políticos, que permanecen aunque el valor económico sea cero. Pablo Ferrer [email protected]