Yo, como Pablo Iglesias, siempre empiezo por la Constitución. Artículo 27.3: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

Llevamos toda una semana aguantando a Isabel Celaá -una mujer que para no incurrir en error no se lo cuenta todo ni a sí misma- cuando repite que la educación concertada no tiene nada que temer. He conocido a más de una araña que le ha dicho eso mismo a una mosca. 

Ahora bien, el derecho a la libertad de enseñanza no se centra en el debate entre educación concertada y educación estatal. El verdadero debate responde a la cuestión de si a los hijos les deben educar la familia o el Estado, los padres o los funcionarios.

Por preguntarles justamente eso, la entonces ministra portavoz, ya titular de Educación, la precitada Celaá, allá en el palacio de La Moncloa, se puso nerviosísima y aseguró que esa no era una pregunta pertinente para una rueda de prensa.

Para entendernos: La libertad de enseñanza no consiste en la enseñanza concertada sino en el cheque escolar. Es decir, darle a los padres un cheque que abona todo el coste escolar y dejarles que elijan el colegio que les venga en gana, púbico, privado o mediopensionista. 

Y eso supone lo siguiente: que el poder educativo no puede ser ni para el Gobierno, ni para los maestros, ni para los empresarios de la enseñanza, sino para los progenitores, más que nada porque suelen ser los padres los que más quieren a sus hijos y pretenden lo mejor para ellos.

¿Por qué la izquierda se opone al cheque escolar? Pues ya pueden imaginarlo, porque si realmente dejas que los padres elijan el colegio de sus hijos con libertad y sin condiciones, una inmensa mayoría elegiría la escuela privada. ¿Y qué hacemos entonces con los funcionarios de la pública?

Eso por no hablar de que la escuela privada le sale al Estado por mucho menos que la pública.

Celaá ha optado por lo contrario, por la sencilla razón de que no acepta el derecho a la libertad de enseñanza de los padres… que es lo que dictamina el 27.3 de la Constitución pero que, ante todo, es el sistema más justo.