- También quedan por resolver un gran número de demandas presentadas en organismos internacionales de arbitraje.
- Pero por ahora ganan los Gobiernos de PSOE y PP por goleada: el último revés judicial llegó el pasado viernes, cuando el Supremo rechazó que las fotovotaicas fueran indemnizadas por el recorte de 2010.
- El Constitucional defiende que el Gobierno Rajoy usara el RD 9/2013 de forma urgente para detener el aumento del déficit de tarifa.
- El pasado diciembre, el TC desestimó el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno murciano.
Los productores de energías
renovables no están dispuestos a tirar la toalla en su periplo judicial. A pesar de que hasta el momento, las sentencias no les han dado la razón, alegan que el Tribunal Constitucional (
TC) se tiene que pronunciar sobre la ley 24/2013 del Sector Eléctrico, que fue la que apuntaló la famosa 'reforma Soria'. Claro que si en España no tienen éxito, podrían acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europeo (
TJUE).
Pero no sólo hay lío en los tribunales, también quedan por resolver un gran número de demandas presentadas en
organismos internacionales de arbitraje. Por ejemplo, nuestro país tiene 22 demandas en el Ciadi -organismo de arbitraje del Banco Mundial-. Además, del recorte a las subvenciones, está el debate de la
seguridad jurídica.
Conviene subrayar que el descontento entre renovables y Gobierno no es sólo obra del PP, sino que empezó con el PSOE. Como saben, la fiebre ecológica de
José Luis Rodríguez Zapatero provocó subvenciones exageradas a las energías verdes y con ello, un notable aumento del déficit de tarifa.
Miguel Sebastián empezó a meter la tijera en 2010 y su sucesor en Industria, el 'popular'
José Manuel Soria, puso fin al chollo. Y claro, los productores, así como los inversores (fondos y bancos extranjeros, fundamentalmente), empezaron a acusar a España de inseguridad jurídica y también a presentar demandas.
Por el momento todo han sido reveses judiciales para las renovables. El último llegó el pasado viernes, cuando el Tribunal Supremo (
TS), rechazó que las fotovoltaicas fueran indemnizadas por el recorte de 2010. Un cambio normativo que ya había avalado antes. Eso sí, puntualizó que el Estado debe garantizar una "rentabilidad razonable" a estas compañías -actualmente está en el entorno del 8% anual-. Paralelamente, ese mismo día, el Tribunal de Arbitraje de Estocolmo rechazó el recurso presentado por dos empresas contra España por el fin de las
primas a las renovables.
A mediados del pasado diciembre, el TC defendió que el Gobierno Rajoy utilizara la vía de urgencia, es decir, el real decreto ley 9/2013, para hacer cambios y detener el notable aumento del
déficit de tarifa (llegó a 26.000 millones de euros en 2015). Claro que hubo voto particular de tres magistrados, entre ellos, Juan Antonio Xiol, que no están en contra del fallo, pero querían un mayor esfuerzo argumental.
En diciembre, el TC también desestimó el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno murciano. Una sentencia que podría ser precedente para otras muchas, pues el TS puso en duda que el recorte a las renovables fuera constitucional y abrió la puesta a elevar el caso al TC e incluso al TJUE.
Cristina Martín
cristina@hispanidad.com
