• Naturalmente, puedes decir lo que te dé la gana mientras no seas homófono o machista.
  • Pero es la alcaldesa de Podemos o la presidenta madrileña del PP las que deciden quién es homófono o machista.
  • El Ayuntamiento de Madrid convoca 24 plazas para 'alimentar' a la Unidad de Gestión de la Diversidad.
  • Mientras, Cifuentes impone una multa de 1.000 euros al director del colegio católico Juan Pablo II al no lograr meterlo en la cárcel.
El Ayuntamiento de Madrid tiene ya todo listo para completar la Unidad de Gestión de la Diversidad, un eufemismo como otro cualquiera de lo más parecido a una policía del pensamiento. El feliz complemento, en el ámbito municipal, de lo que está practicando Cristina Cifuentes con las leyes de educación aprobadas en julio sobre identidad de género y diversidad sexual. El caso más claro es el del colegio católico Juan Pablo II de Alcorcón: Cifuentes no ha logrado llevar a la cárcel al director pero le ha impuesto una multa de 1.000 euros. En la misma línea, en fin, que la obsesión del equipo de Manuela Carmena (en la imagen junto a Cifuentes). Una se cruza con la anterior, y las dos ponen a disposición normas en el mismo sentido y con la coartada de los delitos de odio. Las explicaciones del ayuntamiento vienen de Javier Barbero, delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, que aportó, la semana pasada, cifras y filosofía en uno de los plenos municipales La Unidad de Gestión de la Diversidad fue creada en julio, como un servicio de atención a las víctimas de los delitos de odio y ahora depende únicamente, para su despliegue, de la convocatoria de las 24 plazas con la categoría de policía. De momento, sólo tiene cinco policías dedicados al tema. Lo más sorprendente, en cualquier caso, es que cualquier ciudadano podrá presentar denuncias y quejas. Bastará con el envío a una dirección de correo y a partir de ahí, primero paz y después gloria. En otras palabras, cualquier ciudadano podrá denunciar a otro con el prodigioso concepto de delitos de odio. Barbero dio cuenta de las denuncias presentadas desde julio y de las posteriores investigaciones penales a las que ha dado lugar, con traslado incluido al Juzgado y Fiscalía especializada. En concreto, se han abierto cuatro expedientes administrativos relacionados con la Ley de Protección Integral contra la LGTBfobia de la Comunidad de Madrid, por insultos homófobos. Además, hay en curso 17 investigaciones y seguimientos sobre delitos de odio y discriminación -como grafitis y pegatinas homófobas, racistas y xenófobas- y vigilancia de posibles discursos de odio en concentraciones, manifestaciones y publicaciones. Barbero hizo recuento también de que, entre marzo y noviembre, se han registrado 74 incidentes de odio. Los más numerosos, el 40%, son acciones contra el colectivo LGTBI, según los datos proceden de tres fuentes: de los patrullas del Cuerpo de Policía Municipal, de las asociaciones y de informaciones en prensa. "Hay que tener en cuenta que estos casos no representan el 100% de los hechos ocurridos", ha manifestado el delegado Barbero durante su comparecencia en el Pleno. "Recordemos que según datos recogidos por la organización Movimiento contra la Intolerancia en España, en su informe Raxen, que subvenciona el Ministerio del Interior y que hace una estimación basándose en lo dicho por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, entre el 80% y el 90% de los incidentes de odio no se denuncian". Todo lo expuesto, dentro de la estrategia integral del ayuntamiento en relación a los delitos de odio, se completa, además de con la Unidad de Gestión de la Diversidad, con otras iniciativas: el proyecto de Zonas libres de Acoso en las escuelas, el programa comunitario de salud, diversidad sexual y de género, que ya se ha puesto en marcha, además de todos los convenios firmados por parte del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, con diversos colectivos. Andrés Velázquez andres@hispanidad.com