Los exconsellers de la Generalitat que estaban en Bélgica, Toni Comín, Meritxell Serret y Lluis Puig han comparecido de forma breve este miércoles ante el Tribunal que decidirá sobre su extradición en Bruselas. La Fiscalía de Bruselas ha solicitado más información sobre el caso a las autoridades españolas y han sido citados para una nueva vista en un mes, para el próximo 16 de mayo.

Así lo ha anunciado el abogado de los tres políticos catalanes Paul Bekaert en declaraciones a los medios escasos veinte minutos después de la hora prevista de la audiencia prevista para este miércoles. Sin embargo, no ha dado detalles sobre la información que ha solicitado el Ministerio Público belga. “El asunto ha sido aplazado al 16 de mayo”. “La Fiscalía ha pedido informaciones suplementarias a España y la defensa quiere tiempo para prepararse. Por tanto, por el momento, no se ha demandado nada por parte de la Fiscalía”, ha dicho el letrado belga.

Comín ha abandonado minutos después el Palacio de Justicia de Bruselas y ha asegurado estar tranquilo de cara a la futura decisión de la Cámara del Consejo, el tribunal de primera instancia.

Se esperaba, si todo hubiera ido por el cauce habitual que tras la vista de este miércoles el juez tomara una decisión en quince días, pero se pospone al menos un mes. La justicia escocesa, en el caso de Ponsatí, ha pospuesto su decisión hasta el próximo mes de agosto, al menos.

Contra la primera decisión que se tome cabe recurso ante el Tribunal de Apelación y, después, ante la Corte de Casación, que tendrán ambos quince días para decidir.

Según el procedimiento que rige las euroórdenes (que permiten la ejecución simplificada de mandatos de arresto de un país de la UE por parte de otro) los países disponen de un total 60 días a partir de la detención de las personas buscadas para decidir sobre su entrega, plazo que puede ampliarse a 90 días en circunstancias excepcionales.

Como ya ocurrió en el anterior procedimiento de euroorden, los tres políticos independentistas están en libertad durante el proceso, aunque con medidas cautelares como no salir del país, comunicar su residencia y comprometerse a comparecer ante las autoridades siempre que sean requeridos.